Los ayuntamientos de varios municipios que cuentan con depuradoras construidas por la empresa pública Acuaes (Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas de España S.A.) han reprochado que ésta haya cuestionado el correcto mantenimiento de sus instalaciones.
Los alcaldes defienden la gestión realizada en materia de depuración de aguas, aseguran que son los primeros interesados en la protección del medio ambiente, y recuerdan que cuentan con la autorización de vertidos al cumplir con los parámetros establecidos. Así se indica en los informes de la propia Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), y de las analíticas que por iniciativa propia someten a prueba en los laboratorios autorizados, como los de Prodestur.
La empresa pública Acuaes, S.A. publicó un documento la semana pasada en su web y lo trasladó a los medios informativos segovianos, recordando a los ayuntamientos de Cabezuela, Ortigosa del Monte, Prádena, Santa María la Real de Nieva, Villaverde de Iscar y Zarzuela de Monte, su “obligación de mantenimiento de las depuradoras que se construyeron antes de la cesión de uso el 8 de abril de 2022”.
Por este motivo los representantes de los municipios afectados mantuvieron ayer lunes un encuentro y expusieron sus argumentos en respuesta al comunicado difundido por Acuaes la semana pasada.
En dicho documento, la empresa Acuaes, dependiente primero del Ministerio de Agricultura y actualmente del de Transición Ecológica, manifestaba haber realizado “una serie de visitas de inspección”. Pero los alcaldes dicen no poder asegurarlo “porque no sabemos ni cuántas, ni cuándo se hicieron, suponiendo que sea verdad tal afirmación, ya que nadie en ningún momento nos avisó ni compartió con nuestro personal el contenido ni el resultado de las supuestas inspecciones”.
“Parece lógico pensar que, de la misma forma que mientras Acuaes mantenía nuestras infraestructuras por lo que recibían cuantiosos pagos, y nos informaba de las mejoras que se podían implementar en las depuradoras, como así se hacía, podíamos esperar ahora esa misma elemental cortesía”, añaden los alcaldes que se consideran ofendidos.
“Si se nos hubiera informado a los ayuntamientos de las visitas que dicen haber efectuado, habrían podido constatar la capacitación de nuestros técnicos y se habrían ahorrado las consecuencias derivadas de su acción y la falta de respeto hacia nuestro personal sobradamente cualificado para esta tarea que tienen encomendada”, agregan.
En la reunión de ayer lunes por la tarde también quedó de manifiesto la posibilidad de denunciar los vicios ocultos que han podido existir en la construcción de las instalaciones de Acuaes, pues se ha detectado el deterioro de algunos de sus elementos con muy poco tiempo de uso.
Las depuradoras de Acuaes fueron construidas entre los años 2015 y 2017 por la UTE formada por Elecnor, Audeca, y Gestión Integral del Agua. El presupuesto por el que se adjudicaron las obras fue de casi 7 millones de euros en dos fases.
RESPONSABILIDAD RECIENTE
Estas infraestructuras se han considerado siempre “sobredimensionadas” para la población que todos estos pueblos acogen.
En abril de 2022, justo hace dos años, se firmó el acta de inicio de explotación de estas instalaciones por parte de los ayuntamientos.
Éstos aseguran que cumplen los requisitos medioambientales “a que estamos obligados como consecuencia del compromiso adquirido y podemos garantizar que no hay ningún riesgo para el medio ambiente que respetamos escrupulosamente”.
De hecho, la propia Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha realizado en este tiempo los oportunos análisis y “en ningún caso han reportado parámetros fuera de los autorizados. Es más, resulta incongruente que dos entidades públicas, representantes de la misma Administración, señalen ideas contrarias”, argumentan con sorpresa. “No terminamos de entender qué sentido tiene publicar en los medios una noticia que únicamente genera alarma entre los usuarios, nuestros vecinos, con los que nos vemos cada día y también entre otros alcaldes que se han preocupado por lo que a sus infraestructuras pueda afectar”.
“Sólo cabe pensar -agregan- que semejante deslealtad se base en algún tipo de venganza contra los ayuntamientos que unidos, defendimos nuestros derechos en los Tribunales de Justicia en aquel momento en que Acuaes, por su manifiesta incompetencia, perdió una suma de muchos cientos de miles de euros de subvención de los fondos europeos por no presentarse en tiempo; y trataron luego de repercutir a los ayuntamientos víctimas de su torpeza, las cantidades que dejaron de percibir, lo que quedó refrendado mediante una sentencia judicial que en palabras de un representante de la compañía ‘marcó un antes y un después en la empresa pública”.
ANTECEDENTES
La empresa Acuaes puso en marcha un plan para construir varias depuradoras de aguas residuales en la provincia. Se iban a invertir 7 millones de euros de los que la empresa pública corría con el 80%, y el 20% restante a cuenta de los municipios beneficiados. Se pensaba contar con fondos europeos para financiar el proyecto, pero debían estar finalizadas las obras antes de 2016. Al no conseguirlo, el Estado debió afrontar el 40% del importe de las ayudas europeas previstas, dos millones de euros. Y quiso imputar el gasto a los municipios. En el año 2018 los consistorios afectados recurrieron la medida en los juzgados al tiempo que retenían el pago de las facturas del agua depurada a Acuaes, durante el tiempo que se prolongó el juicio, que fueron dos años.
Tras un fallo favorable a los consistorios en primera instancia, se recurrió y se volvió a ganar en el TSJCYL. Los dos millones que costaron a mayores, los debe pagar el Estado al haberse retrasado en la presentación de subvenciones europeas. Se creó una comisión negociadora con Acuaes para concretar la devolución de los pagos retenidos durante el tiempo del pleito, una vez descontados del recibo los costes de más por el retraso en la consecución de las ayudas europeas. Estos pueblos están pagando en torno a 15.000 euros anuales por los pagos fraccionados que se prolongarán durante 40 años desde el inicio de la explotación. El retraso en la recepción de la instalación se debió a las discrepancias, no sólo por la pérdida de fondos europeos, sino también por los costes que les quería repercutir Acuaes a los municipios durante los años inmediatos por el mantenimiento.
Estas cuestiones hicieron que algunos pueblos incluidos inicialmente en el plan, como Nieva, Escalona del Prado o Aguilafuente, se descolgaran y no llegaran a firmar el convenio.
Las instalaciones se diseñaron para una población equivalente al doble de sus censos, de modo que están sobredimensionadas. Además, el estado en que se encuentran las instalaciones evidencian que los materiales empleados en la construcción fueron de baja calidad y están provocando un deterioro anticipado y averías, tal como revelan los informes de las empresas que ejecutan las labores de mantenimiento.
“Obviamente el daño causado otra vez por Acuaes debe tener consecuencias y, por eso, estudiaremos recurrir nuevamente a la Justicia para pedir la reparación que sin duda merecemos”, concluye el comunicado.
“Somos los primeros interesados en la protección de nuestro entorno”
Las dudas difundidas sobre el mantenimiento de las depuradoras municipales ha enojado a algunos alcaldes y también a muchos vecinos estos pueblos. El regidor de Ortigosa del Monte, Juan Carlos Cabrejas, difundió por ello un bando municipal al día siguiente de conocerse las manifestaciones de la empresa Acuaes, para defender la gestión municipal.
En el bando resalta que la última inspección de que tienen constancia en el Ayuntamiento “se manifestó el óptimo mantenimiento de nuestra depuradora”.
Recuerda también que cuentan con personal especializado para llevar a cabo el control de las labores de mantenimiento, como es una técnico de medio ambiente, como otros muchos municipios, bien de forma directa o a través de agrupaciones mancomunadas .
“Venimos cumpliendo los requisitos medioambientales impuestos, por lo que no hay ningún riesgo específico que subsanar dado el correcto mantenimiento que estamos llevando a cabo en la repetida instalación”, añade el bando oficial de Ortigosa.
Además, deja claro Juan Carlos Cabrejas, que los primeros interesados en la protección del entorno son los propios gestores municipales, tanto alcaldes como concejales.
