La provincia de Segovia tiene un consolidado prestigio en el ámbito judicial español gracias a la destacada trayectoria de sus juristas en las más altas instancias del sistema judicial. Magistrados, fiscales y altos cargos de la administración de justicia originarios de Segovia han alcanzado puestos clave en diversas instituciones del país, y el relevo de José Luis Concepción al frente al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León después de veinte años en el cargo no es más que un ejemplo de esa presencia de los juristas segovianos en posiciones relevantes.

CÉSAR TOLOSA

En el apartado de los jueces, suena con fuerza el nombre de César Tolosa Tribiño, nacido en 1957 en Santa María la Real de Nieva. Durante su trayectoria profesional ha desempeñado diversos cargos de relevancia. Ingresó en la carrera judicial en 1982, iniciando su trayectoria en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Molina de Aragón, Guadalajara.
A lo largo de su carrera, Tolosa ha ocupado diferentes posiciones en el sistema judicial español. En diciembre de 2004, fue nombrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, cargo que desempeñó hasta 2014.
Ese mismo año, se incorporó como magistrado a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Posteriormente, en septiembre de 2020, fue elegido presidente de dicha sala, sucediendo a Luis María Díez-Picazo.
En diciembre de 2022, el Consejo General del Poder Judicial le designó por unanimidad como magistrado del Tribunal Constitucional, junto con María Luisa Segoviano.

JUAN PABLO GONZÁLEZ HERRERO

Juan Pablo González Herrero es actualmente el presidente de la Audiencia Provincial de Madrid. Ingresó en la carrera judicial en 1989, siendo sus primeros destinos como juez los juzgados de primera instancia e instrucción de Astorga (León) y Santoña (Cantabria).
Ascendió a magistrado en 1992, sirviendo en esta categoría los juzgados de instrucción 8 de Barcelona, de primera instancia 12 y 14 de Bilbao. En 1998 fue elegido Magistrado-Juez Decano de Bilbao, y tres años más tarde fue nombrado vocal del Consejo General del Poder Judicial, cargo en el que permaneció hasta 2008.
Tras su paso por el CGPJ, González pasó a desempeñar el puesto de magistrado de la Audiencia Provincial de Vizcaya y en 2011 el de magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid. En 2012, fue nombrado magistrado de enlace ante la República Francesa, cargo en el que permaneció hasta 2015. A partir de entonces, el jurista segoviano ejerció en comisión de servicios como magistrado-juez central de Instrucción 3 y magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, regresando con posterioridad a su destino actual como magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, que preside desde hace seis años.

JOSÉ LUIS CONCEPCIÓN

José Luis Concepción, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León durante los últimos veinte años, nació en Segovia en 1961. Es doctor en Derecho por la Universidad de Oviedo y pertenece a la primera promoción de magistrados especialistas de lo Mercantil. Hasta su nombramiento como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León estaba destinado en la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona especializada en propiedades especiales y Derecho mercantil.
En 1994 fue elegido por sus compañeros miembro de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Pertenece a la Carrera Fiscal, en la que ingresó en 1989 y en la que se encuentra, desde entonces, en situación de excedencia. Ha sido Secretario General de la Asociación Profesional de la Magistratura y Presidente de la Sección territorial de Cataluña de la misma hasta su llegada en 2005 a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

PEDRO JOSÉ CRESPO

Pedro José Crespo Barquero es el actual fiscal jefe de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional, cargo que ocupa desde mayo de 2021.
Nacido en 1965 en Ayllón, Crespo ingresó en la carrera fiscal en 1991, e inició su andadura profesional en la Fiscalía de Barcelona. Posteriormente, prestó servicios en la Fiscalía de Madrid y en la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada (Anticorrupción).
En 2011, fue nombrado fiscal de Sala y asumió la jefatura de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Durante su gestión, impulsó la especialización y reorganización de la estructura territorial de la Fiscalía, especialmente tras la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal en 2007.
Al cesar en este cargo en 2011, se incorporó a la Sección de lo Contencioso-Administrativo de la Fiscalía del Tribunal Supremo, donde asumió la jefatura en julio de 2013. Ya el 18 de mayo de 2021, Crespo fue nombrado Fiscal Jefe de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional.

JOAQUÍN GONZÁLEZ HERRERO

Víctor Joaquín González Herrero, nacido en Segovia en 1958, se licenció en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid en 1980 y obtuvo el título de doctor en Derecho por la misma institución en 1993. En 1985 ingresó en la carrera fiscal, desempeñándose en las fiscalías de La Coruña, Madrid y en la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado.
En 1999, se incorporó como funcionario de carrera a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) en Bruselas, donde ocupó diversos cargos, incluyendo el de administrador principal, jefe de la Unidad de Magistrados, jefe de la Unidad de Investigaciones Internas y consejero de Dirección.
En enero de 2018, González-Herrero reingresó al servicio activo en la carrera fiscal en España, siendo nombrado fiscal de la Fiscalía Provincial de Madrid. Posteriormente, en diciembre de 2018, fue designado fiscal de la Audiencia Nacional.
Además, en abril de 2021, fue seleccionado como uno de los siete Fiscales Europeos Delegados por España para formar parte de la recién creada Fiscalía Europea, organismo encargado de investigar y perseguir delitos que afecten los intereses financieros de la Unión Europea.

TOMÁS RUANO

No sólo jueces y fiscales se conforman como puestos de relevancia en la judicatura, ya que otros puestos, como los de secretario de Gobierno del Tribunal Supremo que ostenta Ángel Tomás Ruano Maroto, (Adrados, 1961) son de una gran importancia.
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid en 1984, Ruano ha desarrollado una extensa carrera en la Administración de Justicia tras ingresar en el cuerpo de Letrados en 1985, desempeñando funciones en diversos juzgados de localidades como Villacarrillo (Jaén), Irún (Guipúzcoa), Barcelona y Madrid. En 2011, fue designado Letrado de la Administración de Justicia en el Servicio Común de Registro, Reparto, Digitalización y Archivo de la Audiencia Nacional.
El segoviano ha ocupado cargos de relevancia en la estructura judicial española. Entre 2001 y 2017, actuó como asesor en la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y como coordinador de Área de la Unidad de Apoyo de la Secretaría General de la Administración de Justicia. Además, fue vocal del Consejo del Secretariado en dos periodos: de 2002 a 2008 y desde enero de 2018.
En 2017, Ángel Tomás Ruano Maroto juró su cargo como secretario de Gobierno del Tribunal Supremo, sucediendo a Tomás Sanz Hoyos. Desde entonces, ha renovado su mandato, con la última renovación registrada en mayo de 2022. En reconocimiento a su trayectoria y contribución al sistema judicial, ha sido distinguido con la Cruz distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort.

LA AUDIENCIA PROVINCIAL BUSCA NUEVO PRESIDENTE

El Consejo General del Poder Judicial ha abierto el proceso para designar un nuevo presidente en la Audiencia Provincial de Segovia, tras el final del mandato de Ignacio Pando Echevarría después de diez años.
Los candidatos que cumplan con los requisitos serán convocados a una comparecencia pública ante la comisión de calificación del CGPJ, salvo en casos excepcionales que justifiquen lo contrario. Este procedimiento busca garantizar la transparencia y la objetividad en la elección del nuevo presidente.
Ignacio Pando Echevarría, madrileño de nacimiento, ha dedicado más de tres décadas a la judicatura. Ingresó en la carrera judicial en 1987 y comenzó su trayectoria en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Reinosa (Cantabria). Posteriormente, ocupó cargos en distintos juzgados de San Sebastián, Burgos y Segovia.

En 2004 se incorporó como magistrado a la Audiencia Provincial de Segovia, donde fue presidente en funciones hasta su nombramiento oficial en 2014. Además, entre 1994 y 1999, ejerció como Juez Decano de Segovia y fue miembro electo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León entre 1995 y 2004. También trabajó como asesor en un proyecto de formación de jueces y fiscales en Croacia entre 2012 y 2013.
Durante su mandato en la Audiencia Provincial de Segovia, Pando ha sido reconocido por su compromiso con la transparencia y la eficiencia en la administración de justicia. En su toma de posesión en septiembre de 2014, destacó la importancia de que la justicia sirva de ejemplo en términos de transparencia y expresó su deseo de que la Ciudad de la Justicia proyectada para Segovia se hiciera realidad.

Pando reclamó la unificación de los cuatro partidos judiciales en una única sede en el Palacio de Justicia
de la capital

A lo largo de su presidencia, Pando ha insistido en la necesidad de mejorar las infraestructuras judiciales en la provincia de Segovia. Una de sus propuestas más destacadas fue la unificación de los cuatro partidos judiciales de la provincia (Segovia, Cuéllar, Sepúlveda y Santa María la Real de Nieva) en un único Tribunal de Instancia con sede en la capital aprovechando la sede del Palacio de Justicia, que solamente acoge la Audiencia Provincial puesto que el resto de juzgados se han trasladado a la Ciudad de la Justicia. Según Pando, esto permitiría una organización más eficiente de la actividad judicial y un mejor servicio a la ciudadanía.
También denunció la falta de accesibilidad en varios juzgados, especialmente en Sepúlveda, donde las condiciones del edificio han dificultado la atención a personas con movilidad reducida, llegando a celebrarse actos judiciales en la vía pública.
Además, reclamó un aumento en la plantilla de personal judicial, argumentando que la implantación de la Nueva Oficina Judicial ha evidenciado una escasez de funcionarios que afecta la celeridad de los procedimientos, proponiendo la incorporación de al menos un funcionario adicional por unidad procesal para mejorar la eficiencia del sistema judicial en la provincia. n