Las sesiones de debate de la tercera edición de la Conferencia de Presidentes de Gobiernos Provinciales han cristalizado en un documento en el que las diputaciones, cabildos y consejos insulares trazan las líneas de la consolidación de estas corporaciones, que reclaman más apoyo financiero a través de los planes provinciales de cooperación, así como la flexibilización de los parámetros fiscales y la financiación de las competencias para garantizar su hasta ahora exitosa gestión.
La ‘Declaración de Segovia’ fue dada a conocer ayer por el presidente de la Diputación de Segovia Francisco Vázquez, en la sede de la corporación provincial, donde ayer tuvo lugar la última sesión de trabajo y el debate final para la redacción del citado documento.
Acompañado por el director de la Fundación Democracia y Gobierno Local Ramón Camp y el presidente de la comisión de Diputaciones de la Federación Española de Municipios (FEMP) Francisco Reyes, Vázquez dio lectura al documento en el que la III Conferencia expresa la contribución fundamental de la Administración local a la reducción de los niveles de deuda y déficit públicos, y puesto que el impacto del gasto público local en el conjunto del sector público «no es muy significativo”, solicitan la posibilidad de incorporar el remanente de tesorería positivo sin que afecte a la determinación del déficit o superávit en términos de estabilidad presupuestaria y “eliminar el cumplimiento de la regla de gasto para aquellas entidades que hayan liquidado tres ejercicios consecutivos con superávit”.
planes provinciales En cuanto a la recuperación de la financiación estatal para los planes provinciales, los participantes indican que la cooperación económica de las administraciones de ámbito territorial superior resulta “claramente necesaria” para articular, a través de las diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares, las obras y servicios de los pequeños municipios cuyas necesidades son “crecientes” y cuyos recursos son “escasos”.
La declaración añade que la mirada “permanente” al mundo rural es “inherente” a la propia existencia de estos gobiernos intermedios y la cobertura técnica, jurídica y financiera a los pueblos es “absolutamente imprescindible”, sobre todo ante “amenazas y realidades tan obvias” como el envejecimiento y la despoblación.
Por ello, los presidentes de gobiernos locales intermedios se ven “obligados” a demandar estas ayudas para paliar los “dos grandes retos” de la actualidad, que son la creación de puestos de trabajo y la fijación de población en los municipios, como han argumentado.
Así, concluyen que a actualidad “exige” la recuperación en los Presupuestos Generales del Estado y de las comunidades autónomas de las líneas de cooperación a las obras y servicios municipales.
competencias Por otro lado, la declaración refleja que uno de los retos importantes para el refuerzo de diputaciones, cabildos y consejos insulares es la correcta definición de las competencias que les corresponden.
Así, el documento aboga por mantener las que ya ejercen y añadir, “siempre” acompañadas de la financiación”, las de concretar y potenciar la función coordinadora de los servicios municipales así como su forma de ejercicio, y fomentar las fórmulas conjuntas de prestación de servicios, que permitan que los gobiernos locales intermedios puedan asumir el papel de prestadoras de servicios a los ciudadanos como subsidiarias de la inactividad municipal.
Del mismo modo, propugnan posibilitar que, a demanda de los municipios, puedan asumir como propias algunas competencias municipales en los casos en que estas no puedan ser desarrolladas en el ámbito local.
Asimismo, plantean la posibilidad de aumentar la asignación de otras competencias propias, más allá de la cooperación y asistencia municipal, a través de una planificación provincial propia y de delimitar la escala idónea para el ejercicio de cada competencia, permitiendo el reforzamiento de estos gobiernos por la vía de la atribución de competencias sustantivas y materiales en el ámbito supramunicipal.
