Doce empresas de la provincia de Segovia presentaron un concurso de acreedores durante el último ejercicio, lo que implica una media de uno al mes, una de las más bajas de la Comunidad —sólo Soria y Zamora registraron menos deudores concursados, con nueve casos en ambas provincias—. Además, este dato supone un descenso del 33,3 por ciento con respecto a los procesos presentados en el ejercicio de 2015.
Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, el primer trimestre del año fue el que más concursos de acreedores se presentaron en la provincia, con cinco; mientras que el tercer trimestre sólo sumó uno. El segundo y el cuarto trimestre contabilizaron tres cada uno.
Respecto al tipo de concurso, el voluntario fue mayoritario, con diez de los doce totales; mientras que sólo dos se llevaron a cabo de forma necesaria. En este sentido cabe recordar que, según la Ley concursal, cuando una empresa no es capaz de atender sus pagos tiene la obligación de solicitar concurso voluntario para que sean el juez y la administración concursal quienes controlen y procuren que se pague a los acreedores. Cuando esto no ocurre, el acreedor impagado también tiene el derecho de solicitar o instar el concurso de la empresa, y ese caso es el concurso necesario.
Teniendo en cuenta la clase del procedimiento, siete se desarrollaron de manera ordinaria y los otros cinco, mediante procedimiento abreviado. Asimismo, hay que tener en cuenta que en ninguno de los casos existía una propuesta anticipada.
Expedientes de Regulación de Empleo Asimismo, en el último año 145 empresas de la provincia segoviana realizaron Expedientes de Regulación de Empleo (a falta de los datos definitivos de diciembre). En ninguno de los casos se llevó a cabo un despido colectivo, según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Sí que se desarrollaron 85 procesos de suspensión de contrato y otros 60 casos de reducción de jornada para los empleados afectados por el ERE.
En toda Castilla y León fueron 4.289 los Expedientes de Regulación de Empleo tramitados en el último ejercicio, en los que se llegó al despido colectivo en 746 casos. León, con 1.589 EREs fue la provincia que más acumuló; mientras que Zamora, con 76 casos, y Ávila, con 77, fueron las que menos.
En algunos de estos casos de concursos de acreedores o Expedientes de Regulación de Empleo tiene que actuar el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), un organismo que depende del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, cuyo objetivo principal es actuar para dar cobertura en el pago de salarios e indemnizaciones a los trabajadores que no estén recibiendo sus retribuciones por parte de su empresa pagadora —puede cubrir el pago de los salarios devengados y de tramitación e indemnizaciones pendientes por extinción de la relación laboral de aquellos trabajadores que presten sus servicios a empresas que hayan sido declaradas insolventes o estén envueltas en un proceso de concurso de acreedores—.
En el último ejercicio, el Fogasa tramitó 177 expedientes en la provincia de Segovia, relativos a 62 empresas, con 179 empleados implicados, de los que 131 eran hombres y 48, mujeres. A ellos les pagó una partida total de 1.294.385,36 euros, de los que la mayor cuantía era referente a las indemnizaciones por pérdida del empleo, 871.178,35 euros; mientras que los 422.675,01 euros restantes se abonaron en concepto de salarios impagados por la empresa a los trabajadores.
