Caja Segovia podría reclamar a Bancaja y a la empresa auditora Deloitte, indemnizaciones por los efectos tan nefastos que ha tenido el Sistema Institucional de Protección (SIP) para la entidad. Sin embargo, para ello debería unirse a otras entidades que se embarcaron en este proyecto con el fin de reunir los recursos y la fuerza suficiente para llevar a cabo una demanda tan relevante.
El primer paso ha sido encargar un informe de viabilidad sobre las posibilidad de emprender acciones legales contra quienes intervinieron en este proceso y que en sus primeros momentos se presentó como el idóneo para cada una de ellas.
Las cajas minoritarias que podrían iniciar acciones legales serían Caja Segovia, Caja Ávila, Caja Rioja, Caja Insular de Canarias y Caja Laietana. Las cinco se unieron a Caja Madrid y Bancaja, que encabezaron el proceso. Según sospechan, éstas podrían haber ocultado o alterado la información sobre su solvencia y liquidez.
Pero también apuntan hacia la consultora Deloitte, que al parecer reformuló las cuentas de solvencia una vez que estaba avanzado ya el proceso de integración.
Fue a partir de mayo de este año cuando las cajas socias comenzaron a comprobar que la operación no ha resultado como esperaban. Bankia se encuentra nacionalizada y las arcas de las entidades socias se han quedado vacías prácticamente. Se ha pasado de registrar beneficios millonarios durante todos los ejercicios, a perder dinero. Y en el caso particular de Caja Segovia, existen hipotecas que ponen en peligro la propiedad de inmuebles emblemáticos. En este último caso se trata de otra operación anterior, también fallida, conocida como Navicoas, en Asturias, para lo que también Caja Segovia siguió los consejos de informes de empresas auditoras externas, una de ámbito nacional y otra de un despacho de Segovia capital. Y por esta última gestión Caja Segovia debe pagar una sanción a la Agencia Tributaria que ha requerido garantías hipotecarias.
Informes
El estudio que se ha pedido ha sido encargado al mayor bufete de agogados de España, Clifford Chance. En él se apuntan varias posibles acciones: anular la integración en Bankia, demandar a las cajas mayoritarias o a quien falsificara información, e ir contra las auditoras que revisaron las cuentas de las cajas socias.
El hasta ahora presidente de Caja Segovia, Rafael Encinas, reconoció que las cinco cajas minoritarias solicitaron este informe sobre las posibilidades de éxito que tendría una demanda contra los responsables que intervinieron en el proceso de integración.
La primera de las conclusiones apunta a la posibilidad de buscar la “nulidad del contrato de integración por vicio” en el consentimiento de las cajas minoritarias. Pero este aspecto, que recientemente sugirió el alcalde de la ciudad, Pedro Arahuetes, tiene pocas posibilidades de prosperar, según los expertos.
En el estudio del despacho de expertos se defiende la posibilidad de emprender acciones legales contra Bancaja como una de las principales responsables del malogrado resultado. Bancaja fue la última en incorporarse al SIP y a ella se la puede imputar que “presumiblemente se utilizaron activos sobrevalorados de Bancaja, entre ellos su participación en el Banco de Valencia”, para calcular su cuota de interés. Para el equipo de abogados, la acción más viable contra Bancaja consistiría en reclamar la indemnización por los daños ocasionados por el desajuste en la fijación de las cuotas de interés que inicialmente se marcaron.
Pero esta acción es compatible con una acción contra Deloitte si se demuestra que la firma de auditoría “fue negligente en el cumplimiento de su labor como auditor al revisar las cuentas anuales” de las entidades. “Las cajas minoritarias estarían plenamente legitimadas en su condición de perjudicadas”, dice el informe.
Por contra, los expertos descartan que Caja Segovia y el resto de entidades minoritarias puedan reclamar cantidades a la Administración por su función supervisora a través del Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
