La sociedad pública Segovia 21, participada por la Diputación provincial, Bankia y Cámara de Comercio de Segovia, redujo sus pérdidas económicas el año pasado hasta los 350.000 euros, frente a los 8,3 millones de euros con que cerró el ejercicio anterior.
Así se desprende de las cuentas presentadas ayer por los actuales gestores de la sociedad a los diputados provinciales en la comisión informativa celebrada en el salón de actos de la institución provincial. De acuerdo con los balances expuestos, la sociedad tendría saldo positivo de no ser por los elevados gastos financieros a los que tiene que hacer frente, y que se elevan a 700.000 euros anuales.
Javier de la Orden, portavoz de Verae, la sociedad a la que se encomendó la gestión de Segovia 21 en sustitución del anterior Consejo de Administración, incidió en la diferencia de resultado de los dos últimos ejercicios. Atribuyó la cifra millonaria de 2012 a los ajustes en la valoración de los activos, que se encontraban “sobreelevados”.
En todo caso dijo que no se ha descartado la posibilidad de solicitar concurso de acreedores, si bien confían en la mejora de las cuentas para los próximos meses una vez que se avance en la construcción del Palacio de Congresos en el complejo de Quitapesares, situado en el término municipal de Palazuelos de Eresma.
Sobre este edificio, cuya ubicación ha levantado una encendida polémica hasta el punto de que el Ayuntamiento de Segovia ha recurrido la licencia de obras otorgada por el Ayuntamiento de Palazuelos; Javier de la Orden expuso las previsiones que manejan para su construcción. En este sentido anunció el inmediato anuncio de licitación con el fin de que una vez adjudicada la obra, pueda realizarse en un plazo de 14 meses.
De la Orden dijo que los objetivos para este año pasan por sanear las cuentas. Una de las claves para ello pasa por la recuperación de los 4,7 millones de euros que debe pagar Fomento Territorial, la empresa de Elías Benatar. Un juzgado condenó a devolver esta cantidad por cobros indebidos. Pero la situación patrimonial y la descapitalización en que se encuentra Fomento Territorial, hace poco probable esa liquidación a corto plazo.
Compromisos de compra. Otra posibilidad es conseguir que todos los compradores de la promoción de viviendas PB-6, firmen las escrituras de los pisos y hagan frente a los compromisos adquiridos en su día. “No se puede comprometer una compra y en el momento de que te lo entregan echarse atrás”, explicó De la Orden. “Vamos a iniciar acciones hacia todos los compradores para que se haga efectivo ese contrato. No es algo que corra mucha prisa, pero lo tenemos en cuenta”, añadió. Algunos de estos son compradores vinculados familiarmente o por amistad a los miembros del anterior Consejo de Administración de Segovia 21.
En este sentido, el portavoz de Verae fue tajante a la hora de hablar de los anteriores administradores de Segovia 21, cuyo Consejo de Administración estaba presidido por Atilano Soto, y figuraba como director general Jesús Sánchez. “Tal vez si los compradores no eran reales y no tenían ganas de comprar, no debía de haberse hecho esa promoción y endeudar a Segovia 21 en ocho millones de euros, que es una cantidad importante”, dijo Javier de la Orden.
El abogado abundó en la poca justificación que existía para este posible maquillaje de la actividad promotora. “En 2010 ya se veía la situación inmobiliaria. Y provocar el proyecto y ejecutarlo sin que hubiera seguridad de compra, para cumplir la exigencia de la entidad de ahorro que financiaba la obra —Caja Madrid—, la cual pedía un 65 por ciento de contratos privados en firme… Si no era así se debía haber analizado la conveniencia de la obra”. “Hay que ser más prudentes a la hora de ejecutar estas obras”, dijo.
Por otro lado, De la Orden fue claro en cuanto a la existencia de un consejero delegado, que era Atilano Soto y un director, Jesús Sabchez, con altos sueldos, cuando había su vez un contrato de gestión firmado con Fomento Territorial, de modo que se duplicaban las funciones.
