La sociedad Segovia 21 pagó casi 3,7 millones de euros en exceso a Fomento Territorial en su primera etapa de actividad. De este modo, la Agencia Tributaria ha confirmado la teoría que mantiene el presidente de la Diputación, Francisco Vázquez, de que Segovia 21 estaba pagando a Fomento Territorial cantidades “desorbitadas”.
Así lo revela un informe que ha sido entregado a los portavoces de los grupos políticos en la Diputación por el nuevo equipo gestor, la sociedad de abogados Verae.
Dicho informe se terminó de elaborar el pasado verano. Establece que de esa cantidad, 2,4 millones corresponden al contrato, 1,2 millones a la primera prórroga, y 25.204 euros a la segunda prórroga del contrato que firmó Segovia 21 —siendo su consejero delegado Atilano Soto—, con la sociedad Fomento Territorial.
Según la Agencia Tributaria en los contratos se incluyó incorrectamente la urbanización de los 610.000 metros cuadrados del campo de golf La Faisnera y, por tanto, “el cálculo de los costes de urbanización está inflado de forma artificiosa”. En este sentido añade que Segovia 21 S.A. “pagó en exceso a Fomento Territorial S.L. la cantidad de 3.688.937,92 euros por estar inflados los costes de urbanización”.
Además se estima que la sociedad defraudó 526.432,63 euros a las arcas públicas. El perjuicio para Hacienda superó los 120.000 euros en el Impuesto de Sociedades del ejercicio 2009. Pero además se refiere a cantidades defraudadas —por no haber sido declaradas— de los cobros que recibieron las personas que formaban parte del Consejo de Administración que presidía Atilano Soto, y entre los que se encontraban Jesús Sánchez, Miguel Angel González, Benigno Rodríguez, Javier Santamaría, y Jesús Postigo.
En opinión del jefe del Equipo de Inspección de la Agencia Tributaria, el abultamiento de los costes económicos que había “no pudo ser desconocida por Segovia 21”. De este modo se incluye la posibilidad de que Segovia 21, sus gestores entonces, y los beneficiarios podrían haber incurrido en el delito tipificado en el artículo 305 del Código Penal como fraude a la Hacienda Pública, un delito que contempla para el infractor una pena de uno a cuatro años de prisión. Pero advierte de que este delito prescribe a los cinco años. Y marca como fecha en la que se entendería cometido, el 26 de julio de 2010. Es decir, que habría prescrito el pasado verano.
Agrega el informe que el sobrecoste también podría haber supuesto otros delitos diferentes, como el de administración desleal, malversación de caudales públicos y cohecho “si se demuestra que el consejo de administración de Segovia 21 S. A. (o alguno de sus miembros con facultades delegadas) aceptó a cambio de una dádiva el precio exorbitante estipulado en el contrato de arrendamiento de servicios celebrado con Fomento Territorial S. L.”.
Aunque se pensó que con el cambio de equipo gestor se produciría un ahorro económico para Segovia 21, se inició un litigio judicial entre Fomento Territorial y Segovia 21 que todavía se está dilucidando. Ello ha supuesto un rosario de declaraciones judiciales por parte de los antiguos consejeros de la sociedad pública, y también de los actuales gestores, Verae, como el presidente de la Diputación, Francisco Vázquez.
Delito prescrito el pasado verano
El pasado mes de julio habría prescrito los delitos que podrían haberse cometido por los primeros gestores de Segovia 21, según el informe de la Agencia Tributaria, puesto que se entenderían cometidos en el verano de 2010, y tienen un plazo máximo de imputación de cinco años.
Las responsabilidad del pago en exceso de los contratos y de la declaración irregular del impuesto sobre sociedades recaería —según dicho informe— en Atilano Soto como presidente o como consejero delegado de Segovia 21, al ser quien firmaba en representación de la sociedad y, por tanto, como administrador de hecho y de derecho. Además le atribuye el cobro por estas funciones de 1.046.511,58 euros entre los años 2003 y 2012. Fue en ese año cuando se decidió cesar al equipo gestor y sustituirle por el actual, el despacho de abogados Verae.
