Nuevo revés en los tribunales para el Gobierno municipal socialista, aunque con desenlace incierto todavía. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha fallado en contra de los intereses del consistorio segoviano, ratificando la condena del Juzgado de Segovia que obliga a expropiar una parcela situada en la zona del Círculo de las Artes y la Tecnología (CAT).
El espacio destinado al proyecto del CAT en su día no era municipal, y el Ayuntamiento utilizó la figura urbanística de la ocupación directa, adquiriendo así el compromiso de dar a los propietarios de las parcelas ocupadas edificabilidad en otra zona. En el año 2009 se firmó el acta de ocupación de los terrenos y la Ley marca que el municipio dispone de un plazo de cuatro años para hacer efectivo ese compromiso. Pasado ese tiempo, los propietarios tienen derecho a solicitar que se expropie el terreno, como así ha sido en este caso.
Desde el Partido Popular, su portavoz, Raquel Fernández, criticó en junio, cuando se hizo pública la sentencia del juzgado en primera instancia, la “mala gestión del suelo” del equipo de la alcaldesa Clara Luquero, abriendo así “un nuevo frente para el Ayuntamiento y por ende para los intereses de los segovianos”.
Asimismo, expresó su preocupación por las consecuencias que pueda acarrear esta medida, ya que “no sabemos si todas las parcelas están en las mismas circunstancias, y si fuera así podríamos estar hablando de una nueva condena millonaria que volvería a hipotecar la inversiones que necesitan nuestros barrios y la ciudad como mínimo, durante unos cuantos años más”.
Por su parte, el concejal de Desarrollo Económico, Empleo e Innovación, Jesús García Zamora, ha informado de que el fallo del TSJ fue comunicado al Ayuntamiento el viernes pasado y los responsables municipales declinan hacer declaraciones sobre su contenido hasta que tengan en su poder un informe de los servicios jurídicos. Hay que tener en cuenta que, en principio, tiene opción a recurrir de nuevo, en este caso ante el Tribunal Supremo. Sí ha recalcado García que en ningún caso la sentencia del Juzgado de lo Contencioso o el auto del TSJ indican la cantidad a pagar a los propietarios por la expropiación.
Convenio de los 90
Quien le precedió en el cargo, José Bayón, ha mantenido que el origen de este contencioso no tiene que ver inicialmente con el CAT sino con un convenio negociado en los años noventa entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Defensa, que se concreta en la firma de un acuerdo en 2002, cuando era alcalde de la ciudad el centrista José Antonio López Arranz con el apoyo del PP.
“Ese acuerdo se hizo para ceder terrenos al Ministerio a cambio de los del Regimiento y de Coronel Rexach. A partir de ahí el Ayuntamiento iba a expropiarlos pero son los propietarios los que de forma mayoritaria piden un convenio consistente en una ocupación directa; no quieren dinero sino a cambio piden edificabilidad en el sector de Prado Bonal”, según su argumento.
En el año 2006 y siguientes surge la oportunidad de llevar a cabo el proyecto del CAT y el Ayuntamiento negocia con Defensa para modificar las condiciones del acuerdo y ceder menos terreno para destinar una parte a la nueva iniciativa.
Según Bayón, los propietarios que firmaron el convenio están en una situación muy distinta a la de los que pretenden la expropiación. Los primeros no han manifestado hasta ahora su intención de reclamar en los tribunales y el exconcejal considera que no les compensa. Sobre los otros, advierte que es un asunto complejo y todavía de resolución incierta: “ellos dicen exprópiame pero el Ayuntamiento no ha utilizado esa parcela, ni se ha urbanizado; no la quiere, hablando coloquialmente”.
