La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Segovia ha aprobado la contratación administrativa para llevar a cabo una auditoria operativa de la Concejalía de Urbanismo, una propuesta del Grupo de Ciudadanos, fruto del acuerdo presupuestario con el Gobierno municipal socialista para el ejercicio del año pasado.
El equipo de Gobierno acordó de urgencia esta medida en la junta celebrada el pasado jueves y la alcaldesa informó de que se ha previsto un gasto de 33.347 euros (IVA incluido) para los honorarios de la empresa auditora a la que se adjudique este contrato.
Para seleccionarla se abrirá un procedimiento abierto una vez que el Ayuntamiento publique el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el portal municipal del contratante.
La Junta de Gobierno ha dado ya su visto bueno a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que regirán el procedimiento de licitación.
Como se recordará, Ciudadanos presentó una moción en el pleno ordinario del mes de julio de 2016 para llevar a cabo una auditoría en el área municipal de Urbanismo y recibió el respaldo de todos los grupos de la oposición.
Finalmente consiguió que el Gobierno municipal accediera a llevarla a cabo tras las negociaciones que se produjeron a principios de 2017 y que condujeron a la aprobación del presupuesto municipal gracias a la abstención de la formación naranja.
Sin embargo, los acuerdos de la moción colisionaron en parte con los informes de los técnicos municipales, incluyendo el propio interventor municipal que a juicio de Cs debía ser el encargado de llevar a cabo la auditoría.
Eso motivó que la portavoz de Ciudadanos, María José García Orejana, anunciara en diciembre de 2016 que acotaría las áreas de la Concejalía a auditar a Planeamiento y Gestión, en virtud de un acuerdo de la Junta de Portavoces del 30 de agosto de ese mismo año; y a cuatro ejercicios (de 2013 a 2016), aunque es muy probable que ahora se sume 2017.
En cuanto a los objetivos específicos, Cs quiere un análisis de los expedientes de Soldado Español, talud de Padre Claret, Jerónimo Aliaga, Casa de Guardas, expropiación de la calle Tours y de los terrenos del CAT, y los procedimientos en los aparcamientos públicos de José Zorrilla, Padre Claret y Los Tilos, aunque García Orejana ya ha señalado que es una propuesta abierta a las reclamaciones de otros grupos políticos.
De hecho, la propia alcaldesa, Clara Luquero, anunció en el pleno del pasado noviembre que se incluirá el asunto del expediente caducado de la construcción ilegal en una huerta propiedad del exconcejal socialista Juan Cruz Aragoneses.
Después la tramitación administrativa se ha alargado por el cambio de interventor municipal, según han señalado tanto en el equipo de Gobierno como en Ciudadanos.
La alcaldesa ha aclarado recientemente que el interventor no puede hacer frente a esta auditoría solo porque ya realiza “un trabajo muy intenso” y ha recalcado que si bien fiscaliza todas las áreas municipales no es responsable del procedimiento urbanístico.
