Los diputados del Partido Popular de Segovia, Beatriz Escudero y Pedro Gómez de la Serna y los senadores, Javier Santamaría, Paloma Sanz y Juan Ramón Represa aseguran que el Real Decreto Ley de Medidas Urgentes de Racionalización del Gasto Público en el Ámbito Educativo, tiene un gran reto: que las Comunidades Autónomas puedan optimizar sus recursos. Según explican los parlamentarios nacionales en una nota de prensa estas medidas de racionalización del gasto «no son la reforma educativa del Gobierno, pero si condición previa y necesaria para llevarla a cabo».
Las medidas que afectan a la enseñanza no universitaria pasan por aumentar el número máximo de alumnos por clase, en momentos de limitación de la tasa de reposición, para evitar que existan clases con sólo 14 o 15 alumnos, optimizando recursos. Además España se encuentra, junto a Portugal, Italia, Eslovenia, Austria o Luxemburgo, en el grupo de países de la OCDE que cuentan con ratios bajas unidas a índices de rendimientos bajos. A diferencia de Francia, Alemania, Países Bajos, Estonia o Reino Unido, que tienen ratios altas y altos grados de rendimiento académico.
Por otra parte, el Real Decreto también establece el aplazamiento de la implantación de los ciclos formativos de 2.000 horas de Grado Medio y Grado Superior, para que las Comunidades Autónomas puedan hacer frente al gasto que esto supone, se modifica el criterio de nombramiento de sustitutos determinando que las bajas inferiores a 10 días lectivos deberán ser atendidas por los recursos del propio centro y se elimina la obligatoriedad de ofertar, al menos dos modalidades de Bachillerato en los términos previstos en la LOE, para que sean las autonomías quienes asi lo
decidan.
En cuanto a la educación universitaria la nueva normativa establece que exista una aproximación de los precios públicos de los servicios académicos de las Universidades al coste efectivo de los mismos, racionalizar el número de titulaciones de grado mediante la exigencia de un número mínimo de alumnos, incorporar el principio de estabilidad presupuestaria a las Universidades y limitar la incorporación de personal de nuevo ingreso en los centros universitarios, acorde con el número de alumnos
