Las negociaciones entre el Ayuntamiento de Segovia y la demarcación segoviana del Colegio de Arquitectos de Castilla y León Este (COACYLE) para firmar un convenio para la creación de la Oficina de Apoyo al servicio de Urbanismo para agilizar la tramitación de licencias en la capital no han llegado a buen puerto por una cuestión en materia de «financiación».
Según explica el colectivo que preside Alberto López en un comunicado, la puesta en marcha de esta entidad nace con el objetivo de «tratar de solventar el mal funcionamiento» del servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Segovia en lo que a la agilidad en la tramitación y concesión de licencias urbanísticas se refiere. Los contactos para la creación de este organismo se remontan a febrero de 2022. «Cuando se iniciaron las conversaciones con la actual alcaldesa -Clara Martín-, que entonces era concejal de Urbanismo, se vio con buenos ojos este planteamiento y se ha estado trabajando desde entonces en elaborar una fórmula que permitiera llegar a buen puerto», reconocen desde COACYLE.
En los dos últimos años, se registran en el Ayuntamiento de Segovia aproximadamente unas 75 solicitudes por año de licencia para obra mayor, según datos del departamento de control del colegio de arquitectos. Es decir, entran una media de 6,25 expedientes de obra mayor al mes.
Las cifras de concesión de licencias urbanísticas para obra mayor, que se han podido contrastar en las actas de las juntas de gobierno local del Ayuntamiento de 2021 y 2022, arrojan que aproximadamente se conceden una media de cuatro licencias al mes. Por lo que el atasco de expedientes, que se acumula en la oficina de urbanismo desde hace años, sigue aumentando actualmente, ya que sistemáticamente el número de solicitudes de licencia urbanística que entran en el Ayuntamiento de Segovia cada mes es superior al número de licencias concedidas.
El Colegio de Arquitectos asegura que el origen del problema de la acumulación de expedientes «no es solo un tema de dotación de personal, sino que es una cuestión de metodología, planteamiento, falta de comunicación y complejidad de la normativa urbanística». Asimismo, reconoce que el convenio no se ha firmado por «falta de entendimiento» con el Ayuntamiento en «una mera cuestión formal en la financiación» de la prestación del servicio.
Los arquitectos lanzaron la propuesta de financiar esta colaboración con parte de la tasa que el Ayuntamiento cobra por la emisión de los informes urbanísticos que se realizaran en el Colegio de forma que no supusiera un mayor coste al promotor encomendar al colegio dicho trabajo.
La Junta Directiva de la demarcación de Segovia del COACYLE lamenta que «se haya perdido una nueva oportunidad de arreglar un problema que se viene arrastrando desde hace muchos años y que lastra el desarrollo y crecimiento de Segovia». No obstante, el Colegio «mantiene la voluntad de trabajar de forma conjunta» con el servicio de Urbanismo para tratar de incrementar el ritmo de concesión de licencias, por lo que la próxima semana los representantes mantendrán una reunión con la alcaldesa de Segovia para poner las bases de una mesa de trabajo entre los técnicos municipales y los arquitectos que ejercen la profesión en Segovia capital y poder aunar criterios de interpretación de la normativa urbanística.
