El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, firmaron el martes un acuerdo entre ambas administraciones públicas, suscrito materialmente por la directora general de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Castilla y León, María Pardo, y el director general de Vivienda y Suelo del Gobierno de España, Francisco Javier Martín, para la construcción de 914 viviendas colaborativas (‘cohousing’) en Castilla y León, de las cuales cien serán en la ciudad de Segovia.
La ubicación de esta promoción quedará en una parcela del sector de la Plaza de Toros, cedida por el Ayuntamiento de Segovia, y estará promovida por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, a través de la empresa pública Somacyl, con estándares de alta eficiencia energética, para ser destinadas al alquiler de jóvenes (hasta 35 años). Las obras deberán estar finalizadas antes del 30 de junio de 2026.
Se trata de viviendas en bloque, con una superficie útil de entre 60 y 65 metros cuadrados (dos dormitorios, dos baños, salón y cocina), con las que se trata de facilitar la independencia de jóvenes recién incorporados al mundo laboral, compartiendo zonas comunes, como lavandería, vending, espacios para el ocio y parking para bicicletas, que mejoran la convivencia y se adaptan a los nuevos requerimientos de esta franja de población.
El precio máximo de los alquileres de estas viviendas oscilará entre 300 y 350 euros, aproximadamente –con actualización anual según variación porcentual del IPC–, con un ahorro respecto al precio de mercado de entre el 30 y el 40 % del importe de renta.
Respecto a las condiciones de los arrendatarios, básicamente, deben tener como domicilio habitual y permanente el de la vivienda arrendada; deben estar inscritos en el registro público de demandantes de la Junta de Castilla y León; no ser titulares de una vivienda en propiedad; tener hasta 35 años y que los ingresos de la unidad familiar sean inferiores a cinco veces el IPREM.
