La Asociación de Empresas Inmobiliarias de Segovia (ASEINMO), integrada en la Federación Empresarial Segoviana (FES), han mostrado su rechazo al Real Decreto-ley 8/2026 del Gobierno, al considerar que la nueva regulación sobre el alquiler añade inseguridad jurídica y puede agravar la tensión en el mercado de la vivienda. El sector sostiene que las medidas incluidas en la norma pueden dificultar la gestión de los contratos en vigor y reducir aún más la oferta disponible.
En un encuentro celebrado por la directiva de ASEINMO en la sede de la FES, los representantes del sector han criticado especialmente la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler y la limitación del 2% a la actualización de las rentas. A su juicio, estas medidas introducen más incertidumbre en un contexto ya marcado por la escasez de vivienda disponible y el encarecimiento del acceso al alquiler que se produce en el mercado de Segovia, especialmente en la ciudad. Desde el sector señalan que la norma puede complicar tanto la planificación de propietarios como la labor de intermediación de las agencias inmobiliarias, al obligar a adaptar la gestión contractual a nuevas condiciones regulatorias en un plazo reducido.
Efectos en la oferta
Las inmobiliarias segovianas, que preside Gonzalo Marina, también advierten de que este tipo de medidas puede tener efectos contraproducentes sobre la oferta, al desincentivar la salida de nuevos inmuebles al mercado y reforzar la percepción de inseguridad entre los arrendadores. En esta misma línea, alertan de los perjuicios económicos y acciones jurídicas que puede conllevar el hecho de que no se convalide posteriormente el decreto por parte del Congreso. Tanto propietarios como inquilinos podrían considerarse perjudicados y presentar reclamaciones judiciales.
Mientras tanto, el Gobierno central ha comenzado a comunicar a varias inmobiliarias y fondos de inversión la aplicación de las nuevas obligaciones previstas en este decreto, en un momento en el que el debate sobre el acceso a la vivienda sigue ocupando un lugar central en la agenda pública.
El Real Decreto-ley 8/2026 fue aprobado de forma urgente por el Gobierno para mitigar el impacto económico, especialmente en el ámbito de la vivienda, mediante la protección de los inquilinos frente a subidas de alquiler. Es una norma provisional que debe ser validada por el Congreso en un plazo de 30 días, aunque sus efectos se aplican desde su entrada en vigor.
La medida principal es la limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta con un tope máximo del 2% para las subidas de alquiler hasta el 31 de diciembre de 2027. Este límite funciona como un ‘doble tope’ ya que la subida será la que marque el índice de referencia (IPC u otro), pero nunca podrá superar el 2%.
