Es usted un autor y analista político que ha escrito numerosos libros sobre España. En dos secciones podríamos decir, la una más vinculada a la historia de España en tiempos alejados, como “Reconquista”, “Torquemada. Una Historia del Santo Oficio”, “El Mito de Cortés”, “La Conquista de México”, “La Conquista del Perú” y otra más centrada en acontecimientos recientes como “Nuestro Hombre en la CIA”. De esta última sección surge el nuevo libro “La democracia que nos hemos dado” en que repasa la historia de los últimos 50 años de la nación española.
—Cuéntenos, ¿cómo y por qué surge este último libro?
—Surge como un reto que me lanzó el periodista Francisco Santas, Hughes. A él le gustó mucho Nuestro hombre en la CIA y me propuso escribir un libro similar. Y, claro, un reto así no se rechaza. Lo que ocurre es que en este caso no disponía de un archivo como el de Pablo Martí Zaro, que es el soporte de ese libro publicado hace ya seis años. Al no tener ese soporte documental, aunque algo de aquella investigación he empleado, decidí ajustarme a la estructura de los nueve poderes políticos desarrollada por Gustavo Bueno, partiendo, como preámbulo, de la reconstrucción del golpe de Estado de 2017, punto crítico de la actual democracia coronada. Repasar las diadas previas a esa fecha da la medida de hasta qué punto se cedió la iniciativa a unos facciosos que, una vez amnistiados a cambio de situar a Pedro Sánchez en la Presidencia del Gobierno de esa España a la que odian, han dicho que lo volverán a hacer. Y en ese caso, el Estado tendrá menos herramientas de las que dispuso, aunque usadas de forma timorata por el Partido Popular, en 2017.
—¿Qué significó en la transición política ir “de la ley a la ley”?
—La famosa fórmula trataba de evitar el término «ruptura». Significó mantener muchas de las estructuras -económicas, políticas, culturales, sociales- que fraguaron durante el franquismo, periodo que, contra la simplificación que se hace de él, como si se tratara de algo inmutable durante 40 años, sufrió profundos cambios. En gran medida, la actual democracia es una transformación del régimen franquista y hay evidentes continuidades.
—¿Existen modelos canónicos de sociedades políticas?
—Sí. Yo empleo el construido por Gustavo Bueno, que distingue tres capas del poder: conjuntiva, basal y cortical. La conjuntiva está atravesada por los tres poderes clásicos: ejecutivo, legislativo y judicial. La basal, que se identifica con el territorio y los recursos, la cruzan el poder gestor, el planificador y el redistributivo. Por último, la capa cortical, la que está en contacto con otras sociedades, está constituida por el poder militar, federativo y diplomático. Este modelo distingue ramas y capas del poder, las disocia, aunque reconoce el entretejimiento entre esos poderes que, en absoluto, son estancos.
—¿Qué países influyeron en la Transición española? ¿Qué intereses tenían?
—Es difícil acotar el arco temporal de la transición, pues ese término ya se empleaba, incluso, en los años 40, dada la incertidumbre por la que atravesaba el régimen franquista. Sin duda, la mayor influencia la tuvieron los Estados Unidos, incluso antes de los pactos de 1953. España no era una democracia homologada, pero era una nación inequívocamente anticomunista. Por ello, para el imperio norteamericano era una pieza muy interesante dentro del tablero de la Guerra Fría. El giro económico dado a partir de 1959, año del Plan de Estabilización, supuso el punto de partida para configurar las condiciones de una democracia de mercado. Como símbolos de aquel tiempo, podemos citar el SEAT 600 y la vivienda pagada a plazos. En cuanto al partido hegemónico del actual régimen, es conocida la ayuda que recibieron los jóvenes socialistas por parte de la República Federal Alemana y por los Estados Unidos.
—¿Cuáles son las debilidades de la Constitución de 1978?
—A mi juicio, la fórmula “nacionalidades y regiones” es la mayor debilidad de la Carta Magna. La carga de calculada ambigüedad que conlleva ese rótulo ha permitido que allí donde había grupúsculos nacionalistas, a los que se identificó como los representantes genuinos de unos pueblos supuestamente oprimidos por España, tal es el cuento, se hayan construido estructuras de Estado y se haya buscado la desigualdad y el privilegio sobre el resto de regiones españolas, a las que se les niega, incluso, su historicidad.
Por otro lado, algunas de las instituciones surgidas al calor del texto, estoy pensando en el Tribunal Constitucional y su decisión sobre la amnistía a los golpistas catalanes, han tomado decisiones que debilitan a la nación.
—¿Cómo se compara esta constitución con otras anteriores? Ventajas e inconvenientes.
—Evidentemente, la Constitución del 78 se redacta en un ambiente muy diferente a la de 1931, tan mitificada, fundamentalmente, por las izquierdas. Sin embargo, el texto de 1978 da continuidad a la estructura autonómica que ya echó a rodar durante la II República. Aunque la actual ha tenido un recorrido histórico mucho más largo, su desarrollo, a través del Estado de las Autonomías, ha puesto en jaque, en 2017, que no en 1981, la unidad de la nación española. La pretendida balcanización de España se impulsa bajo la coartada del federalismo. Un federalismo que, en realidad, es un confederalismo.
—¿Cómo podría mejorarse el consenso constitucional?
—Tengo poca fe en el consenso. Ya sabemos cómo han terminado las invocaciones a esa fórmula a la que muchos atribuyen efectos mágicos. La búsqueda de consensos no impidió la asonada de 2017 ni ha servido para poner los medios que eviten su repetición.
Soy más partidario de acuerdos concretos. Uno que considero imprescindible, por pura supervivencia de la nación española, es la ilegalización de todas aquellas organizaciones que, programáticamente, busquen la destrucción, por mutilación, por secesión de una de sus partes, de España. El famoso consenso ha permitido que estas sectas operen con total naturalidad y que tengan asiento en el Congreso de los Diputados, incluso. Me atrevo a decir que, de cristalizar alguna vez una república catalana, imagino que sus constructores, a no ser que el fundamentalismo democrático les haya llegado al tuétano, no dejarían margen para la autodeterminación de ninguno de sus territorios, pues esa es una medida políticamente estúpida.
—¿Había semillas del nuevo régimen del 78 en el régimen anterior?
—Sí, claro. De lo contrario no se podría hablar de continuidades entre ambos periodos. Si queremos una imagen, no hay más que acudir a la portada del primer ejemplar de la Constitución, en el que figuraba el escudo con el águila de san Juan. Por poner otro ejemplo, el famoso cupo vasco, pufo, en palabras de Mikel Buesa, tiene un precedente en el tratamiento fiscal que se dio a Vizcaya y a Álava durante el periodo franquista por haber sido provincias afectas al bando nacional, algo que se suele ocultar o ignorar. Por otro lado, aunque Franco encarecía como su mayor logro la creación de la clase media, su régimen no lo dejó todo tan atado y bien atado como creía. En el seno del franquismo se mantuvieron ambientes ideológicos y clericales que cultivaron proyectos secesionistas. Movimientos que adquirieron mayor escala a partir de 1978, cuando se les otorgó una exagerada representatividad.
Finalmente, si hay una figura que enlaza ambos periodos, esa es la de Juan Carlos I, que sirvió para acuñar un término, el juancarlismo, capaz de aceptar esa frase -«hablando se entiende la gente»-, que brotó de los labios del monarca tras reunirse con el secesionista catalán, José Luis Carod-Rovira, que pactó con ETA dejar de matar españoles en Cataluña.
—¿Es dañino que España finja haber nacido en la Transición?
—Lo es porque establece un corte artificioso y porque, para algunos, el constitucional es el único patriotismo concebible. Estos patriotas constitucionalistas ignoran, o fingen ignorar, que el desarrollo del actual régimen ha debilitado mucho a la nación. Su presentismo les lleva a ignorar que España es una sociedad política muy antigua, con gran unidad y estabilidad de sus fronteras, pero que, lógicamente, ha sufrido transformaciones. Una de ellas, transcendental, y lo digo por esos otros que fijan su nacimiento en 1812, fue su paso de nación histórica a nación política, cuando en Cádiz se promulgó la soberanía nacional. Considerar que España surge en la Transición es tanto como asumir que antes de 1975 no existía España, lo cual es absurdo y va en contra, incluso, de las fantasías, pretendidamente históricas, de los partidos secesionistas, que se quedarían sin esa carcelera llamada «España».
Respecto a la fecha de nacimiento de España, me remito a estas palabras de Gustavo Bueno, con las que abro el libro:
«Sólo políticos o historiadores con la deformación propia de un burócrata, se atreverán a poner una fecha jurídica precisa a la constitución de España como una sociedad unitaria. Como si la constitución de España fuese un proceso equiparable a la constitución, ante notario, de una sociedad anónima».
—¿Qué posición aspira a ocupar España en el concierto de naciones desde 1978?
—El anhelo de la España constitucional, algo que ya deseaba, aunque de otro modo, el franquismo, siempre fue la entrada en el club europeo. El ingreso, sin embargo, se hizo a un altísimo precio: el del desmantelamiento de gran parte del tejido industrial que se había alcanzado gracias a un Estado fuerte, ese Nuevo Estado que surgió tras la Guerra Civil. Desde la entrada en la mitificada Europa, que así se llamó a la Comunidad Económica Europea, luego Unión Europea, como si España no hubiera sido siempre Europa, gran parte de la industria española desapareció y amplios sectores productivos se vieron abocados a la desaparición. Cuatro décadas después, Europa ha supuesto una evidente merma, desplegada en varios planos, de nuestra soberanía. En Europa, además, vive el cabecilla de la asonada de 2017.
Europa, en definitiva, y la disparidad de posturas que estamos viendo respecto a la guerra de Irán, es ilustrativa, no deja de ser un club en el que cada socio, es decir, cada nación, mira por sus intereses. Pese a todo, el mito, todavía alimentado de mucho papanatismo unamuniano, mantiene su potencia. Recordemos que Margallo habló en su día de ceder toneladas de soberanía, entrega a la que muchos españoles, unos por apego al mito, otros por disolverse en ella dejando atrás a España, se prestarían gustosos.
—¿Es consciente la sociedad española de sus intereses geoestratégicos?
—Creo que no. Para muchos españoles la cuestión territorial carece de importancia, lo cual impide tener conciencia de cualquier papel geoestratégico que pudiera jugar España. Quiero recordar, por si fuera necesario, que geo remite a la tierra. Compartimentada en estructuras autonómicas, España sufre una especie de pugna interna, una suerte de geoestrategia a escala, máxime cuando muchos fantasean con vivir en un Estado plurinacional. La realidad es que el Estado de las Autonomías ha configurado una serie de fronteras, casi invisibles, pero reales y efectivas. La existencia de embajadas autonómicas, instituciones representativas del poder diplomático, dice mucho de la falta de un proyecto que vaya más allá de intereses fragmentarios. Con semejante falta de unidad de acción, difícilmente se puede jugar un papel relevante en el concierto internacional en el que las naciones fuertes, por no decir, los imperios, imponen sus intereses.
—¿Qué países son hoy en día especialmente peligrosos para los intereses de España?
—El más peligroso en lo territorial es Marruecos, que no esconde su deseo de incorporar a las ciudades de Ceuta y Melilla, que dice estar ocupadas por España, los peñones e, incluso, las Islas Canarias. Un proyecto que ya nos ha dejado imágenes tan elocuentes como aquel posado de Pedro Sánchez ante un mapa en el que Ceuta y Melilla formaban parte de Marruecos o la imagen de la bandera nacional invertida. Son símbolos, pero remiten a una realidad: la de los planes expansionistas de Marruecos.
Por otra parte, dentro de la propia España hay amplios sectores beatamente europeístas que debilitan a la nación, por plegar a ésta a intereses ajenos. A esa labor se entregan, en casi perfecta sintonía, el Partido Popular y el PSOE, que suelen votar de forma idéntica en la inmensa mayoría de las ocasiones, alimentando el espejismo de que los intereses nacionales han desaparecido.
—¿Es suficiente la actividad de los partidos políticos para fortalecer a España?
—Otorgar a los partidos políticos la exclusiva de la defensa de la nación es un error. No hay más que ver los contubernios que el PP y el PSOE han tenido, durante medio siglo, con partidos secesionistas cuya actividad legal es un disparate absoluto. En cada negociación conducente a pernoctar en La Moncloa, estos partidos han ido entregando parcelas de poder que difícilmente serán reversibles. Por eso sostengo que el problema de España siempre ha estado en Madrid, en cuanto que escenario de los grandes acuerdos de gobernabilidad. Los partidos son organizaciones con dinámicas y objetivos concretos, destacadamente la búsqueda del poder, que no siempre coinciden con los de la nación, que siempre debe buscar la eutaxia, es decir, el buen orden, el mantenimiento en el tiempo. En ese sentido, nuestra partitocracia, dominada por el bipartidismo, ha hecho mucho daño al apoyarse siempre en organizaciones extractivas y supremacistas.
