José Luis Sanz Merino (Escalona del Prado, 1961) es consejero de Movilidad de la Junta de Castilla y León desde el 15 de julio de 2024. Licenciado en Derecho, ha dedicado su carrera profesional al servicio público, ya fuera desde el Ayuntamiento de Segovia, la Diputación Provincial o la Junta de Castilla y León. A poco más de un mes de unas nuevas elecciones autonómicas, pone sobre la mesa su gestión al frente de la Consejería, y lo que queda por hacer.
¿Qué balance puede hacer del año y medio al frente de la Consejería de Movilidad?
Todas las acciones de la consejería tienen importancia. La movilidad ha pasado de ser un instrumento a casi un derecho, y eso ha cambiado el estado de opinión y la cultura de las personas, al concebirse la movilidad como un derecho. Yo creo que la medida más amplia y que ha tenido más impacto ha sido el establecimiento de la gratuidad para los empadronados en Castilla y León en los transportes por autobús de la Comunidad, atendiendo a los números que tenemos. Hoy, por ejemplo, contamos con 646.000 tarjetas QR, es decir, usuarios que ya tienen la tarjeta y que la pueden usar. Que se hayan realizado 6.187.000 viajes a través de ese sistema, con un incremento muy significativo del número de viajes en números absolutos, es lo más impactante desde ese punto de vista. En Segovia hablamos de 40.000 tarjetas QR y más de 300.000 viajes realizados en la provincia. En términos relativos es equiparable a provincias como Valladolid o como Salamanca desde el punto de vista del porcentaje de usabilidad.
¿Ha mejorado la movilidad en Castilla y León?
Tenemos que ir a lo que es el conjunto de medidas que están facilitando la movilidad a los usuarios de Castilla y León y a los de Segovia en particular. Y hay diferentes instrumentos de los cuales el BusCyL puede ser el más significativo, pero la bonificación de los viajes a los usuarios de los trenes Avant entre Segovia y Madrid dentro de los trayectos que hay en toda Castilla y León también es una medida que ha facilitado el derecho a la movilidad y que además ha asentado población. BusCyL también es una herramienta de asentamiento de población, del ahorro que puede significar para los ciudadanos. Y completar eso con la mejora de las carreteras, con su conservación en el caso de Segovia, más una autovía que tiene coste cero para los ciudadanos, yo creo que conforma un cuerpo de medidas que hacen que el derecho a la movilidad tenga una concreción real y que los ciudadanos la perciban como algo concreto, es decir, como una posibilidad para cada persona de desplazarse donde le parezca, y de poder organizar su proyecto de vida en torno a una serie de medidas que está prestando la Junta.
La suya no es una Consejería ‘barata’.
Hasta que llegado BusCyL, la Junta optaba por mantener todos los servicios de autobús, aunque no fueran rentables. Hay que recordar a este respecto que el 85 por ciento de los trayectos de las concesiones de transportes titularidad de la Junta de Castilla y León son deficitarios, y ya se hizo el esfuerzo de mantener las mismas, a diferencia de otras administraciones que intentaban plantear un mapa de transportes que suprimía paradas y trayectos porque no eran rentables, porque conectaban sobre todo el mundo rural con el mundo urbano, y ese mapa priorizaba las conexiones entre grandes núcleos de población. La política del presidente Mañueco no ha sido esa. Ha sido facilitar en la medida de nuestras posibilidades el derecho a la movilidad a todos los ciudadanos, vivan donde vivan. Desde hace ya muchos años que venían desarrollándose medidas que facilitaban y concretaban el derecho a la movilidad como el transporte a la demanda, como la bonificación del bus rural gratuito ya hace tiempo…y el colofón ha sido BusCyL que sin duda está siendo acogido por la ciudadanía de una manera masiva. Más allá del dato estadístico, lo que transmite es que los ciudadanos se mueven, quieren moverse y tienen una herramienta a través de la cual lo consiguen.
P. ¿Qué sucederá con la movilidad si vuelve a gobernar el PP?
Si los ciudadanos nos dan su confianza, profundizaremos en ese derecho a la movilidad, porque es verdad que hay rutas y trayectos que hay que acomodar a nuestra realidad. Sabemos ahora cuáles son los trayectos más demandados, los puestos que necesitan de refuerzos, y a lo largo de la legislatura habrá que concretar el mapa de transportes. Podemos hacerlo una vez que se ha aprobado la Ley de Movilidad Sostenible, que tuvo enmiendas en el Senado y en el Congreso aprobadas en contra del criterio del gobierno y del grupo parlamentario socialista. Estas enmiendas lo que han hecho es garantizar el número de paradas, alineándose con la política que hemos desarrollado en la Junta de Castilla y León de mantener itinerarios, mantener paradas y, en definitiva, concretar el derecho a la movilidad de los ciudadanos vivan donde vivan. Esta modificación de la Ley de Movilidad Sostenible ha garantizado esos itinerarios y esas paradas, y va a permitir coordinar el mapa de transportes que recientemente ha salido a concurso por parte de INECO con el mapa de transportes y con la mejora de los transportes de la Junta de Castilla y León. Como además BusCyL tiene vocación de permanencia, y las bonificaciones de la Junta no están sujetas a plazo, a diferencia de las del Ministerio, permiten augurar a los empadronados en Castilla León, una situación razonablemente mejor que en otros lugares de España, lo cual no es ninguna buena noticia ya que debiera ser igual en todo el país, pero la situación se ha generado así.
¿Hay más medidas previstas?
Sí. A todo ello hay que añadir una última medida que queremos poner en marcha, si se obtiene el respaldo de la ciudadanía, como es la bonificación de los peajes que tiene una derivada muy concreta en la provincia de Segovia con los peajes de la AP-51, de la AP-61 entre Segovia y San Rafael y del paso por el túnel de Guadarrama de la AP-6, con un mínimo del 60 por ciento de bonificación para los usuarios recurrentes y que tengan un vehículo que pague el permiso de circulación en un municipio de Castilla y León y cuyo dueño esté empadronado también en la Comunidad. Con todo esto vamos a poner encima de la mesa una batería de medidas que va a permitir que las personas que quieran asentarse en Segovia, en Castilla y León, puedan hacerlo gracias a ese elenco de medidas que persiguen ser útiles a las personas y aliviar su bolsillo, pero sobre todo luchar contra el problema de la despoblación.
Que es todo un problema.
Las cifras en Segovia están a la vista, estamos subiendo y creo que este conjunto de medidas, amén de otras vinculadas a la actividad económica, están generando un arraigo y una posibilidad de vivir en Segovia aunque el puesto de trabajo esté en otra parte. En este mes de febrero Segovia ya estará en población muy cerquita de Palencia, por poner un ejemplo,
¿Como consejero de Movilidad, le preocupa la situación de las infraestructuras ferroviarias?
La Junta de Castilla y León no es titular de ningún ferrocarril, por lo tanto lo único que hacemos es instar al Ministerio de Transportes para que adopte medidas que sean adecuadas y que estén alineadas con la política que persigue la Junta, que es la del asentamiento de población. Pero ese asentamiento depende de unas conexiones, de unos transportes que efectivamente sean eficaces, correctos y que por lo tanto sean previsibles y se cumplan. Cuando se producen estas situaciones como la que está sucediendo con las infraestructuras ferroviarias, se genera una intranquilidad real y hay un claro desasosiego.
¿Poco puede hacer la Junta entonces?
He mandado una carta al presidente de ADIF como consejero de Movilidad solicitando información sobre el estado de las infraestructuras y le he pedido una reunión, que aún no me ha dado, porque quiero tener información de primera mano para poder hacernos una idea real de cuál es la situación de las infraestructuras. No podemos guiarnos solamente por el comentario, por el rumor, por esta situación de opacidad respecto a cuál es el estado en las infraestructuras con una sorpresa cada día, sino que la información debe recabarse de una forma institucional, clara y transparente para, si es necesario, incluso colaborar en la ayuda, no evidentemente sobre una infraestructura que no depende de la Junta, pero sí en la medida de lo posible.
¿De qué manera se podría llevar a cabo?
De hecho lo estamos haciendo, ya que tenemos firmado un convenio con Renfe, en este caso, para la bonificación del 25 por ciento en los trayectos Avant desde Segovia a Madrid y a Valladolid básicamente, aunque también se ha establecido para otros lugares. No hay ninguna otra comunidad autónoma que en el importe del billete de los bonos Avant, sea 10 viajes en 30 días, sea a través del ‘Pase Vía’, tenga una medida similar. Pero si no funciona el vehículo a través del cual se instrumenta, evidentemente falla la medida y a las personas les puede nacer la tentación de desplazarse de Segovia hacia donde tienen su puesto de trabajo, lo que significa alterar su proyecto de vida, y en consecuencia que una política que está dando resultados evidentes puede truncarse. Eso no sería una buena noticia.
(Desde 2023, año en el que se implantó esta medida, se han financiado 100.000 bonos con destino Segovia o pasando por Segovia).
La Unión Europea ha aclarado que para 2029 los peajes de la AP-6, la AP-51 y la AP-61 pueden ser gratuitos.
La Unión Europea no ha descubierto nada que no estuviera en la normativa de contratación de servicios públicos. Eso es evidente. El ejemplo es la autovía Segovia-Valladolid, que es una vía de alta capacidad que al usuario no le cuesta dinero. Lo que hace la Junta de Castilla y León es no sacrificar al usuario, sino lograr que con el dinero de todos podamos disfrutar de las posibilidades que conlleva una vía de alta capacidad como es esta autovía. Esa situación se puede hacer también en el ámbito de las autopistas. Lo que ha hecho la Unión Europea es aclarar que efectivamente el plazo de concesión es hasta el 2029 y que las circunstancias que se generaron en el momento de la construcción del tercer túnel y del carril central, tienen que ser tratadas por parte de la administración bajo las fórmulas que hay en derecho.
Por lo tanto hay varias fórmulas.
Una de ellas es volver a sacar a concurso la concesión, pero no hay nada que impida ahora, como no lo impedía antes, el poder gestionar la infraestructura directamente como está gestionando el Ministerio de Transportes la circunvalación de Alicante, que en el año 2025 decidió ponerla gratuita del todo y antes era una autopista de peaje; o la autopista de Burgos a Miranda de Ebro, donde se acabó el plazo de concesión y a partir de ahí ha asumido directamente la gestión el Ministerio; o como hace la Junta de Castilla y León con la autovía A-231 entre Burgos y León, que la gestionamos directamente sin derivar al usuario el coste.
Así que yo creo que se ha aclarado una confusión que se había generado, merced a un acuerdo bastante opaco del que no tenemos demasiadas noticias, y del que nos tuvimos que enterar a través de una reclamación ante el Defensor del Pueblo. No me ha causado ninguna sorpresa, pero bienvenido sea todo que se quiera aclarar, y evidentemente la Junta de Castilla León tiene que estar por la labor de que las cosas se cumplan. Si el plazo en el que acaba la concesión es el 2029, pues es el 2029 y a partir de ahí el Ministerio tendrá que asumirlo como la Junta asume anualmente los 21 millones que cuesta la autovía Segovia-Valladolid.
De lo que se deduce que la Junta seguirá pidiendo esa gratuidad para el usuario.
Lo que tiene que dejar el Ministerio es de jugar al ratón al gato con una situación que no tiene la menor justificación posible. Si gobernamos a partir de marzo, nosotros lo que vamos a hacer es seguir aplicando medidas en favor de los empadronados en Castilla y León. Medidas para fijar población, para aliviar el bolsillo de los ciudadanos de la Comunidad. Y lo queremos hacer ocupando el espacio que debiera haber ocupado el Ministerio de Transportes y que no ha ocupado, discriminando a Segovia y Ávila, y por lo tanto penalizando sus oportunidades, no solamente para las personas que viven aquí sino también desde punto de vista económico de la competitividad. Digo esto porque en la autopista AP-66 que une León con Asturias, el Ministerio está bonificando en diferentes tramos, pero el más usual es el del 60 por ciento del coste del peaje. No acabamos de entender por qué allí sí se puede hacer, lo que nos parece bien, pero no se ha podido establecer esa misma bonificación en las autopistas que conectan Segovia con Madrid. Somos una de las dos provincias en las que para desplazarnos a Madrid tenemos que pagar por una vía de alta capacidad. No tiene el menor sentido. Así que si logramos gobernar, esta injusticia o inequidad territorial vamos a intentar paliarla con la bonificación a los usuarios recurrentes, evidentemente a aquellos que lo necesitan para desarrollar su vida por razones profesionales, abonándoles el 60 por ciento del coste del peaje directamente al usuario.
La medida ya estaba integrada en los presupuestos.
Y debiera haberse puesto en marcha el día 1 enero, pero el rechazo del resto de grupos de oposición, del Grupo Parlamentario Socialista, de Vox y de otros grupos como Soria Ya o UPL, ha provocado que no se aprobaran los presupuestos donde ya había una partida de 10 millones de euros para poner en marcha esta medida. Eso está provocando que los segovianos a día de hoy tengan que seguir pagando íntegramente el peaje, con los exiguos descuentos que hace la empresa concesionaria en la actualidad que no son demasiado atractivos ni demasiado contundentes.
En clave electoral, ¿es real pensar que el PP puede sacar mayoría absoluta en Castilla y León?
El Partido Popular a lo que aspira es a seguir siendo útil a los ciudadanos. Aspira a parecerse lo más posible a la sociedad de Castilla y León. Aspira, por lo tanto, a obtener un resultado razonable que le permita gobernar con su eficiencia. Y los ciudadanos serán los que determinen precisamente en qué marco se desarrolla esa situación. Presentamos una hoja de servicios y un balance de resultados que son tangibles. En el caso de la Consejería de Movilidad he hablado de BusCyL, de la bonificación de los trenes, estamos hablando del proyecto de bonificar los peajes, hablamos de los más de 40 millones invertidos en Segovia en esta legislatura en carreteras… y de que ejecutamos un proyecto con cuestiones concretas que hacen la vida más fácil a los ciudadanos, que les ayudan a desarrollar su proyecto de vida en lo que es su día a día. Es una política con mayúsculas que puede resultar aburrida desde el punto de vista de los medios de comunicación, de las redes sociales, pero que sin embargo ahorra muchos disgustos.
Los autobuses de la Junta de Castilla León están saliendo y todos los días están llegando a su destino. Evidentemente tenemos 2.000 autobuses en toda la Comunidad y claro que hay alguna incidencia, pero transportan a las personas haciendo las cosas de una forma normal. Eso es el Partido Popular de Castilla y León, un partido que aporta experiencia gestora, que tiene personas que saben hacer cosas, que saben captar también talento para poder ponerlo a disposición de los ciudadanos gestionando la cosa pública, que en definitiva se preocupan de las cosas útiles para los ciudadanos y que huyen del ruido, de la crispación.
¿Cuál es el núcleo central del proyecto del PP?
Nosotros tenemos un eslogan en la campaña electoral que ‘somos de menos ruido y de más nueces’. Eso se puede ver perfectamente. Hay indicadores objetivos: Castilla y León es la primera entre las comunidades autónomas en materia de educación, de las primeras en Europa e incluso en el mundo. Eso es una realidad dicha por auditores externos. Es la primera también en materia de servicios sociales, la segunda en materia de asistencia sanitaria. El proyecto que presentamos es el de lograr que Castilla y León esté entre las tres mejores comunidades autónomas en cuanto a los servicios públicos. Así que una mayoría suficiente sería un objetivo perfectamente perseguible y ese por lo que estamos trabajando. Los ciudadanos determinarán cómo quieren que sea su gobierno en Castilla y León.
Las elecciones en Aragón y en Extremadura han apuntado la misma tendencia de que ganará el Partido Popular, pero al final tendrá que dialogar, algo que a su partido no le ha terminado de salir de todo bien.
Y en el caso de Castilla León no ha sido porque no se haya puesto voluntad. El Grupo Parlamentario Popular llegó a un acuerdo con el Grupo Parlamentario Vox, y todo iba razonablemente bien, siempre con las cosas propias de una coalición, pero no hubo ninguna situación que sepamos especialmente problemática que generara la decisión que tomó Vox en julio del 2024, que fue irse del Gobierno. No había ninguna razón.
El presidente Mañueco se ha hartado de decir que él podía haber continuado con la coalición el resto de la legislatura y, sin embargo, dirigentes de Madrid fueron en contra de los dirigentes de Vox de Castilla y León. Porque recuerdo que de los tres consejeros que había en el gobierno del presidente Mañueco y que pertenecían a este grupo político, el consejero de Cultura se quedó con el Partido Popular porque era un consejero independiente, y los otros dos se marcharon, y se marcharon además de Vox. No hubo una situación que pudiera achacarse precisamente al Partido Popular.
Siempre se pide diálogo, pero los acuerdos no llegan.
Cuando se le pide diálogo al Partido Popular se me antoja como una petición que está un poco fuera de lugar. Creo que hay que dirigir los tiros a otro lugar, a la calle Bambú probablemente, que es donde se tomó esa decisión que no fue ni siquiera comprendida por los propios destinatarios de la misma, salvo por el vicepresidente que acabó también por abandonar esta formación política. Fue Vox quien ocasionó esta ruptura y dejó a medias la labor en las consejerías que tenía. El Partido Popular ha dado muestras más que sobradas de ser capaz de llegar a acuerdos y también ha dado muestras más que sobradas de ser fiel a su palabra dada y a lo que ha firmado, a cumplir con los acuerdos. Otros tendrán que explicar por qué no cumplieron, y la ciudadanía tendrá que saber cuál fue la situación y para qué sirvió su voto a esas formaciones.
