El Pleno del Ayuntamiento de Segovia, primero del año, ha aprobado la ordenanza que regirá la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), en líneas generales, una restricción al tráfico de vehículos contaminantes que se llevará a cabo de forma progresiva sobre todo en el recinto amurallado y que cuenta con excepciones, como el caso de residentes, servicios de emergencia, etc. Una ordenanza que ya fue llevada a Pleno y aprobada en 2024 pero que la justicia contencioso-administrativa -el TSJ de Castilla y León- declaró nula pues no estaba incluida en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la ciudad, como obliga la ley. Una resolución judicial que no entraba en el fondo del asunto y que ha obligado a andar de nuevo este camino a muchas localidades de más de 50.000 habitantes. Resuelto ese trámite, el máximo organismo del Consistorio, como ya hiciera la primera vez, aprobó dicha ordenanza en una votación donde le bastó la abstención del PSOE.
Fue de lo más destacado de un Pleno municipal de escasos puntos relevantes, en el que la única moción presentada que salió adelante versa precisamente sobre el tráfico, concretamente pidiendo una regulación de los patinetes eléctricos y campañas de información, proveniente de IU. Las demás fueron descartadas: la de Segovia En Marcha-Podemos sobre una auditoría al servicio de limpieza, la de VOX sobre la liquidación de la empresa pública de vivienda y suelo EVISEGO y la del PSOE solicitando la creación de una mesa de trabajo conjunto de los grupos políticos municipales para el control de las inversiones estratégicas y de financiación externa.
Un mes para información pública
José Luis Horcajo, concejal de Hacienda y Obras, entre otras parcelas, fue el encargado de explicar la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones, aludiendo que una vez recibido el apoyo plenario, el siguiente paso es abrir un proceso de información pública que durará un mes, después vendrá la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y desde ese instante un plazo de seis meses para su entrada en vigor, luego como muy pronto eso será en octubre. De todas formas, aclaró que será un proceso progresivo con vistas a 2030, como ya se incidió en el primer intento de 2024. Añadió que tendrá unos horarios razonables: de lunes a jueves de 7.00 de la mañana a las 20.00 horas de la tarde; viernes, sábados y vísperas de festivo de 7.00 a 23.00 horas; y los festivos y domingos de 10.00 a 20.00 horas.
Podrán entrar en la ZBA aquellos vehículos con etiqueta C, 0, Eco o Cero emisiones y quedarán exentos los servicios de emergencias, históricos o determinados ciclomotores ligeros, servicios básicos o los de los ciudadanos empadronados en esa zona ZBA que los tengan dados de alta. La ordenanza contempla un régimen transitorio para que la población se adapte a la norma y se informará hasta la culminación definitiva en diciembre de 2030, expresó Horcajo.
Noemí Otero, de Ciudadanos, indicó que estamos “ante un imperativo legal que hay que cumplir”, pero criticó al Gobierno municipal del PP “las formas empleadas en este proceso, regularizando a posteriori lo que se debería haber hecho bien desde el inicio”, además de avisar de que el Ayuntamiento no tiene los medios adecuados para controlar su cumplimiento. Guillermo San Juan, de Podemos, se cuestionó si esta propuesta reducirá la contaminación de Segovia pues es en las afueras donde esa contaminación es más preocupante, incidiendo también en que lo que hay que mejorar es el transporte público, que se verá afectado. Ángel Galindo, de IU, habló de cumplir un trámite con una obligación estatal y de la necesidad de explicarlo bien a la ciudadanía. “La gente debe entender por qué se toman estas medidas. En Segovia el año pasado se superó el nivel de ozono en 79 días, según datos oficiales de la Junta de Castilla y León”, dijo, apostando después por incorporar una mejora del transporte público. Esther Núñez, de VOX defendió su negativa al entender que en Segovia “no existe un problema de contaminación”, sumando que se trata de una norma que restringe derechos y libertades. “Es poner una barrera en el Casco Histórico”, argumentó coincidiendo en que esa zona no es la que presenta más problemas. Miguel Merino, del PSOE, reprochó que hasta en cinco ocasiones se han cambiado de mecanismos y fechas en esta materia. “Nadie les cree que vaya a entrar en vigor al finalizar el año y que tengan los mecanismos suficientes para implantarlo”, se dirigió al equipo de Gobierno.
En la réplica, Horcajo contestó a Merino que “cuando llegamos nosotros, ustedes no habían hecho nada pese a que tenían la subvención, con esto y con un montón de proyectos donde presentan memorias pero ni un solo proyecto. Esté tranquilo, que cuando llegue el momento, estará todo funcionando. Es una ZBE adaptada a los ciudadanos, progresiva y se les informará”. El dictamen quedó aprobado en esta primera sesión plenaria del 2026 con el único voto contrario de VOX, las abstenciones de los demás grupos y el sí del PP.
Actas, asociaciones y taxis
Otros asuntos con luz verde fueron la implantación de un sistema de vídeo-actas precisamente para las sesiones del Pleno, una herramienta que favorecerá la transparencia y el acceso a todo lo que suceda en el salón donde se desarrollan. También salió adelante con los votos favorables de PP y PSOE el dictamen para garantizar las subvenciones nominativas de las asociaciones, 24 en concreto según informó después el Ayuntamiento.
En el debate de este punto del orden del día, desde Podemos se criticó un mejor reparto de estas subvenciones, afeando que solo la Fundación Juan de Borbón recibe más recursos que 22 de las 24 entidades que reciben subvenciones nominativas. Desde el Gobierno local se le reprocha esta actitud y se le pide que deje su cargo como patrono de la fundación, al tiempo que rechaza la postura de VOX de abogar por la desaparición de Titirimundi, otros festivales o incluso la Asociación para la Defensa de los Animales. Por último, fue aprobada también la nueva tarificación del taxi para el año 2026.
Las cuatro mociones del primer Pleno del año
Rechazo a la mesa conjunta para grandes inversiones y a la propuesta de trueque del ‘sí’ a los Presupuestos. Hubo algunos, como sucede en cada Pleno del Ayuntamiento segoviano, pero tal vez el más desagradable tuvo lugar durante la moción a cargo del PSOE sobre la creación de una mesa conjunta entre los grupos municipales y técnicos para el control de los proyectos importantes, aquellos con financiación externa. Fue rechazada con los votos contrarios de PP y VOX, mientras que a favor se mostraron Ciudadanos, Podemos y el propio PSOE, pero antes de la votación, en los instantes finales de su debate, el concejal José Luis Horcajo propuso una enmienda a dicha moción a modo de pacto por el que el PP aceptaría crear esa mesa de trabajo a cambio del ‘sí’ del PSOE a los Presupuestos, que siguen sin ver la luz a expensas de ser presentados en un Pleno Extraordinario en febrero. A la formación socialista no le sentó nada bien esta proposición, calificándola como “chantaje”, en palabras de Clara Martín. “Ustedes ya han chantajeado a VOX, a Ciudadanos y ahora pretenden chantajearnos a nosotros. Pero es que el problema no es que nos chantajean a nosotros, es que chantajean a los ciudadanos”, contestó. Antes, Horcajo argumentó la negativa popular a la moción retrotrayéndose a la gestión del anterior Gobierno, a los proyectos que dejaron a medias y que el actual Ejecutivo está encarrilando, dijo, iniciativas importantes con fondos europeos como el programa EDIL. Noemí Otero, de Ciudadanos, solicitó, en caso de que la proposición de la mesa hubiera fructificado, que no fuera una pinza PP-PSOE que dejara fuera al resto de formaciones.
EVISEGO seguirá vigente. Otra de las mociones rechazadas fue la presentada por VOX solicitando la liquidación de la empresa pública para la vivienda y el suelo EVISEGO y que recibió la negativa de IU, PP, Podemos y el PSOE. Esther Núñez, de VOX, se encargó de su defensa calificándola como “chiringuito económicamente inviable, con duplicidades de funcionarios y sin cumplir sus objetivos”. Alejandro González Salamanca, por parte del PP, reconoció que a diciembre de 2024 esta empresa pública padecía unas pérdidas de unos 900.000 euros, deuda que ya ha sido superada pues “hemos salvado a la sociedad, que ya es solvente y tiene previsión de beneficios. Su deuda procede de la hipoteca por las viviendas sociales”. Salamanca explicó que la idea del equipo de Gobierno es transformarla, hacerla propia, coincidiendo así con la opinión de otros grupos como el PSOE y Podemos, puede que como entidad certificadora.
No habrá auditoría al servicio de limpieza , sí una nueva ordenanza. También se quedó por el camino la moción de Segovia en Marcha-Podemos dirigida a una auditoría externa y pública al servicio de limpieza, cuya concesión está en manos de FCC por un valor de 4,6 millones de euros. Guillermo San Juan, de la formación que la presentaba, significó que la “limpieza de nuestros barrios es una gran preocupación para los vecinos”, y prosiguió aportando el dato de que Oviedo, nombrada la ciudad más limpia de España, gasta un 20% menos que Segovia en esta materia. Desde IU o VOX hubo críticas a que este servicio no ha mejorado un ápice pese al ‘tasazo’ de la basura, que ha incrementado de media de unos 90 a 126 euros. También Merino, del PSOE, indicó que las calles están muy sucias y que Segovia ha caído al puesto 18. Gabriel Cobos, del PP, replicó que el contrato viene de atrás, que IU fue uno de sus firmantes, y añadió que se está trabajando en una nueva ordenanza ya que la actual procede del 84.
Los patinetes sí salen adelante. La única de las mociones del Pleno de este viernes que tuvo éxito fue la de IU respecto a la solicitud de campañas de información y una regulación para los patinetes eléctricos. La responsable de convencer a los demás grupos fue Ana Peñalosa, de IU, quien alertó del riesgo que están generando en las calles por su uso indebido. Solo VOX se mostró en contra, aludiendo que lo que hay que hacer es endurecer la normativa estatal, mientras el resto lo vio factible, si bien César Martín, concejal de Seguridad Ciudadana, afirmó que dicha regulación ya estaba en marcha y anunciada por el Gobierno municipal recientemente. Desde el PSOE, Raquel De Frutos subrayó la necesidad de unificar criterios con la DGT, priorizar la seguridad y más campañas de concienciación ciudadana.
