La Junta de Castilla y León tiene contabilizadas un total de 46 viviendas en siete de las nueve provincias que están ocupadas ilegalmente y cuya titularidad la corresponde, ya que gestiona un total de 6.457 casas en régimen de alquiler y de compraventa, de las que también tiene 84 pendientes de adjudicación.
El mayor número de esta ocupación ilegal se encuentra en Burgos, en concreto en la localidad de Aranda de Duero (21), sigue Ávila (8 casos) y León y Palencia, con seis en ambas provincias. Dos en Segovia, en tramitación el expediente de desahucio, y las mismas en Valladolid. Una en Ciudad Rodrigo (Salamanca), en trámites para recuperarla.
Son los datos remitidos por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio a las Cortes, conocidos por Ical, en los que también informa de las viviendas de promoción pública sin adjudicar, del total de viviendas en régimen de alquiler y de compraventa que gestiona y de las deudas pendientes de abono a comunidades de vecinos.
En concreto, la ocupación ilegal de viviendas de protección afecta a siete de las nueve provincias, excepto a las de Soria y Zamora en las que no se contabiliza ningún caso en este momento. El departamento dirigido por Juan Carlos Suárez-Quiñones explica que cuando tienen noticia de un caso se evalúa la situación y medidas que se pueden adoptar por los Servicios Jurídicos de la Comunidad.
Entre esas medidas, se encuentra la de cómo proceder a la entrada en la vivienda y al lanzamiento del inmueble ocupado ilegalmente ante, como advierte la Consejería, las dificultades que para el ejercicio de estas acciones derivan del marco normativo vigente en materia de atención a situaciones de falta de vivienda y de riesgo de exclusión social.
6.457 VIVIENDAS
Según los datos facilitados por la Consejería a preguntas del Grupo Socialista, la administración autonómica gestiona un total de 6.457 viviendas de protección pública, de ellas 3.092 corresponden a régimen de alquiler y 3.365 a régimen de compraventa. En ambos apartados, el mayor número se localizan en Valladolid y el menor en Segovia y Soria. Salamanca ocupa el segundo lugar en inmuebles en alquiler y León en los de compraventa.
En relación a las deudas económicas de viviendas de protección pública correspondientes a comunidades de vecinos en los años 2022, 2023 y hasta abril de 2024, se elevan a un total de 117.952 euros, de los que 45.565 euros (38,6 por ciento) son en Valladolid, en concreto 29.162 euros en localidades de la provincia y 16.403 euros en la capital.
Los abonos pendientes corresponden a siete de las nueve provincias, en un apartado en el que están libres Burgos y León. Tras Valladolid, sigue Soria (26.022 euros), Segovia (16.859 euros), Palencia (14.426 euros) y Salamanca (10.349 euros). En Zamora y Ávila las cantidades son más modestas.
