La provincia de Segovia registró el año pasado 87 reclamaciones ante el Procurador del Común de Castilla y León, situándose entre las que menos quejas planteó a esta institución, junto a Soria, que solo presentó 63. El Procurador del Común tramitó en toda la Comunidad 5.729 expedientes a lo largo de 2019, referidos a quejas que fundamentalmente se concentran en las áreas de empleo público, medio ambiente, familia e igualdad de oportunidades y juventud. En concreto, el Procurador tramitó un total de 5.729 expedientes, de los cuales 5.693 corresponden a quejas formuladas por los ciudadanos y 36 a las actuaciones de oficio.
Por provincias, León lideró las estadísticas con un total de 2.227 reclamaciones, que representa el 39 por ciento del total, seguida de Salamanca, con 943 quejas, y Valladolid con 659. A continuación se sitúan Palencia con 508, Burgos con 372, Zamora con 356, Ávila con 127, Segovia y Soria.
Completan las estadísticas las reclamaciones de ciudadanos residentes en otras provincias de fuera de la Comunidad, que fueron un total de 229. Además, de 122 quejas cuyos autores están identificados a todos los efectos pero no incluyen el domicilio ni la provincia. Y aumentaron el número de quejas que, aunque son una única reclamación, fueron presentadas por numerosos firmantes.
El año pasado se incrementaron de forma considerable el número de quejas individuales dado que en 2018 de los 6.500 expedientes, 3.984 eran de una misma reclamación, en concreto, del funcionamiento del servicio de Oncología de Zamora.
Entre las 36 actuaciones de oficio planteadas, destaca la preocupación del Procurador del Común por la falta de pediatras en diversas zonas de la Comunidad, la regulación de las casas de apuestas, la utilización de los móviles en las aulas, la escolarización de niños gemelos y mellizos, los problemas de los alumnos con dificultades de audición y los de residuos de macrogranjas.
También se encuentran entre estas actuaciones el control y seguridad de pozos y chimeneas en minas abandonadas, la seguridad en torres de alta tensión, la mejora de los protocolos de violencia de género, el uso de los patinetes eléctricos en las ciudades, las nuevas zonas habilitadas para el baño en Castilla y León o problemas de abastecimiento de agua.
