El gozo en un pozo o, como dice el dicho, a perro flaco todo son pulgas. No hay manera de que la auditoría del área municipal de Urbanismo salga adelante. Cuando parecía que ya estaba encarrilada con el anuncio publicado en el Boletín para convocar a las empresas interesadas, ninguna ha presentado ofertas para hacerse con un contrato de 30.000 euros una vez vencido el plazo.
El concejal de Urbanismo y portavoz socialista, Alfonso Reguera, ha comentado que la posible causa de que la convocatoria haya quedado desierta es la falta de especialistas en administración local entre las auditoras privadas. Cosa distinta, afirma, es una auditoría de cuentas pero en procedimientos urbanísticos municipales todo indica que no sobran expertos en el sector privado o, al menos, esa es la lectura que hace.
Así las cosas, el interventor municipal, porque Reguera quiere dejar claro que los cargos políticos no intervendrán en el proceso de la auditoría operativa, tendrá que evaluar la posibilidad de publicar un nuevo anuncio para un segundo intento de contratación externa. La alcaldesa ya ha dejado claro en otras ocasiones que este funcionario no puede asumir en solitario la tarea.
La Junta de Gobierno Local aprobó el día 1 de febrero la contratación administrativa para llevar a cabo esta auditoria operativa que supondrá un gasto de más de 30.000 euros, según las previsiones municipales, en pago de los honorarios de la empresa auditora a la que se adjudique este contrato.
El Boletín Oficial de la Provincia publicó el 14 de febrero el anuncio para licitar esta auditoría del área municipal de Urbanismo, con la que se dará cumplimiento a una moción de Ciudadanos y al acuerdo presupuestario entre la formación naranja y el equipo de Gobierno en 2017. El plazo para presentar ofertas finalizó el 1 de marzo sin resultado positivo.
Como se recordará, entre otras cuestiones, la auditoría incluirá el análisis completo de los procedimientos de obtención de los terrenos referidos a los expedientes de la calle Soldado Español, talud de la avenida del Padre Claret, calle Jerónimo de Aliaga, terrenos de la finca denominada Casa de Guardas, terrenos de la Calle Tours y terrenos donde se ubica el CAT.
En el pliego de la licitación que ha quedado desierta la mejor oferta económica de las empresas auditoras interesadas podía puntuar hasta 80 puntos de un total de 100, mientras que el resto de la valoración dependía de criterios que no son cuantificables matemáticamente, como la experiencia y especialización del equipo de trabajo, numero de miembros, experiencia y titulación de los expertos, profesional/es senior y auxiliares.
Como requisito indispensable las licitadoras debían haber realizado en los últimos cinco años al menos una auditoría operativa pública o privada, del mismo tipo y naturaleza que este contrato.
También tenían que acreditar que podían disponer de los medios necesarios y contar con un equipo de trabajo formado por al menos seis personas: dos expertos, un jurídico y uno económico, un profesional senior y tres auxiliares.
