La juez del Juzgado de Instrucción Número 4 de León acordó ayer levantar el secreto de sumario que se ha mantenido en la instrucción del tiroteo que acabó con la vida de la presidenta de la Diputación y del PP leonés, Isabel Carrasco, al considerar que “ya no existe obstáculo que pueda perjudicar la investigación” de este presunto delito de homicidio.
La ley da un plazo de 30 días para mantener en secreto las actuaciones para aclarar los hechos y determinar quién ha sido el autor o autores de la muerte de Isabel Carrasco, ocurrida el pasado 12 de mayo. Este plazo termina hoy, 12 de junio, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
En este momento, la juez ya ha recibido el informe final de la autopsia practicada al cadáver que indica que la causa inmediata de su muerte fue un “shock hipovulémico y destrucción de centros nerviosos superiores a consecuencia de impactos de proyectiles de arma de fuego corta”.
En la instrucción llevada a cabo, se ha tomado declaración a 22 los testigos entre ciudadanos que han acudido al Juzgado como personas que presenciaron los disparos, amigos de la agente de la policía local imputada Raquel G., y agentes de la Policía.
Además, se han realizado, entre otras diligencias, análisis de las llamadas telefónicas realizadas y recibidas por las imputadas Montserrat G.R. y su hija Montserrat Triana G.R, posicionamientos de teléfonos móviles, dos registros domiciliarios en la vivienda de las detenidas y un registro de la taquilla personal del la agente policial.
En el registro en el domicilio de Montserrat Triana M.G., la Policía encontró, como hallazgo casual, una cantidad de droga que hace suponer que no es para el consumo y, por tanto, podría ser un presunto delito de tráfico de drogas.
Además de la acusación pública o Fiscalía, a la causa se han personado -como acusación particular- miembros de la familia de la presidenta de la Diputación mientras que la juez tiene que resolver, tras haber dado ya traslado a las partes y estar a la espera de recibir sus respuestas, si la Diputación de León y el Partido Popular, como instituciones, son admitidas también como partes de este proceso.
Por otra parte, la magistrada denegó a la policía local imputada, Raquel G, la libertad condicional que su defensa había solicitado la semana pasada.
Así lo explicó uno de los letrados que asisten a la agente, quien reconoció no sentirse sorprendido con esta decisión porque “contaba con ello”. Aún así, insistió en la inocencia de su representada y anunció que seguirá trabajando para demostrarlo. Del mismo modo, ha asegurado que el equipo de defensa “sigue trabajando para demostrar la inocencia de Raquel”.
La petición se realizó por considerar que “no hay suficientes indicios que relacionen a Raquel con el crimen”.
