Carlos Fernández Carriedo, portavoz del Grupo Popular en las Cortes, defiende con vehemencia que el Ejecutivo de Castilla y León se ha anticipado y ha hecho reformas que permitirán mantener la calidad de los servicios públicos, habla del modelo territorial y del escenario económico actual.
¿Cómo se presenta 2013, más negro o igual que 2012, que se ha cerrado con más de 237.000 parados en Castilla y León?
Sabemos que va a ser un año ciertamente complicado y conviene ser muy realista y no negar la realidad de los hechos. Sabemos que seguramente va a acabar mejor de como empieza y que va a ser un año determinante para salir de la crisis económica porque se tienen que sentar todas las bases para que en 2014 podamos hablar ya de crecimiento económico.
¿Cuáles son los objetivos del Grupo Popular para este periodo?
Va a ser un año determinante desde el punto de vista político y desde los objetivos marcados para esta legislatura, que son la recuperación económica, la garantía de la sostenibilidad de los servicios públicos y las reformas para vertebrar y construir Castilla y León. El principal objetivo es el empleo y se estudiarán leyes sectoriales en materia agraria o industrial. Pensamos que la salida de la crisis tiene que venir en Castilla y León asociada a la garantía de la protección de quienes tienen menos recursos y de unos servicios públicos de calidad. Habrá un trabajo intenso sobre la ley de Ordenación, Servicios y Gobierno en el Territorio y la ley que garantiza la eficiencia de las instituciones de la Comunidad, con un acuerdo básico del PSOE.
Habrá entonces más trabajo en materia legislativa, ¿no ha detectado cierta lentitud en este apartado el año pasado?
En todas las legislaturas el primer año completo, que fue 2012, es de preparación de los proyectos de ley, que lleva un proceso de diálogo muy amplio, como en el caso de la ley de Ordenación del Territorio, donde se ha cumplido el plazo de la Junta y ha llevado un proceso de negociación que sin duda dilata la ley. Se da dado participación a todos los municipios y a los grupos políticos y hace que la ley nazca con un consenso importante y una parte del trabajo parlamentario se haya hecho con carácter previo.
Después del proceso de diálogo que relata, ¿confía en que la ley de Ordenación salga de estas Cortes con un amplio acuerdo?
Se dan tres aspectos que nos hacen ser optimistas respecto de la posibilidad del consenso: que viene muy participado, incluyendo la participación de los grupos políticos; que hay un acuerdo básico entre Junta, PP y PSOE, y que en declaraciones públicas de dirigentes socialistas a nivel nacional dicen que el modelo a aplicar en España sería el que se va a aplicar en Castilla y León.
¿Entonces ve una base para que la oposición renuncie a la enmienda a la totalidad y se siga la línea del acuerdo?
Eso es lo que creo que se puede traducir, pero no me corresponde a mi decirlo. Espero que cuando el Grupo Socialista ha participado desde el primer momento, cuando tiene firmado un acuerdo y cuando el responsable nacional del PSOE en estas materias, Gaspar Zarrías, ha dicho que el modelo es el de Castilla y León, se dan los ingredientes para que no presente una enmienda a la totalidad.
¿El anteproyecto mantiene en su totalidad las líneas rojas marcadas en el acuerdo de mínimos Junta, PP, PSOE?
Totalmente, incorpora lo que es nuestro programa electoral y el acuerdo suscrito por la Junta, el PP y el PSOE. Se basa en la existencia de los municipios como unidad básica de cercanía y proximidad en el territorio, en el papel relevante de las diputaciones en la prestación de los servicios y en el avance para prestar mejores servicios a los ciudadanos. Desde ese punto de vista, se crean mancomunidades pensando en mejorar la eficiencia porque el principal riesgo de los ayuntamientos es que sean incapaces de prestar los servicios encomendados. En este proyecto tenemos que trabajar para dotar a los ayuntamientos de los instrumentos precisos para prestar esos servicios y que los ciudadanos vean que los ayuntamientos son útiles en nuestra Comunidad Autónoma por pequeños que sean. También los presupuestos incorporan aportaciones concretas y fondos incondicionados que van a favorecer a los más pequeños con un mínimo.
Puede ser un incentivo para favorecer la asociación voluntaria y despejar dudas de los municipios.
El principal incentivo para que los ayuntamientos colaboren entre sí tiene que ser la mejora en la prestación de los servicios. Si a alguien beneficia esta ley es a los pequeños municipios que se van a dotar de una serie de instrumentos para prestar mejores servicios porque son los primeros que hoy ven dificultades, acrecentadas por la crisis, pero que venían de antes por la estructura territorial compleja de Castilla y León. Creo que los principales protagonistas de este proceso son los alcaldes que están viendo en el día a día como los municipios muy pequeños tienen dificultades para atender las demandas que les plantean sus vecinos. Si a eso se añade la posibilidad, que parece razonable, de que la Junta cree algún tipo de incentivos a las mancomunidades, pues creo que va a ser un paso muy importante en esa dirección.
