El Sindicato de Enfermería (SATSE) de Castilla y León pide el cese de los gerentes de Atención Primaria que incumplen la ley, lo que afecta negativamente a las condiciones laborales de los enfermeros de área de la Comunidad Autónoma. SATSE recordó, a través de un comunicado remitido a los medios de comunicación, que lleva años denunciando las “irregularidades constantes” que diferentes gerentes y directores de enfermería cometen con el personal de área, saltándose la normativa vigente y obviando instrucciones que emite la Gerencia Regional de Salud.
Dado que las denuncias de SATSE ante la Gerencia Regional de Salud no han provocado un cambio en la forma de actuar de estos gerentes —que conociendo la norma la incumplen de forma reiterada y permiten que los directores de enfermería continúen actuando de forma irregular—, el Sindicato de Enfermería entiende que el consejero, que les nombró, “debe cesarles”. A juicio de SATSE, “no se puede tolerar tener unos gestores en la Sanidad Pública que incumplen la ley sistemáticamente, cuando ellos deben ser los principales garantes de que la normativa se cumpla”.
Estos incumplimientos afectan a las condiciones laborales de los trabajadores, que se encuentran en una “situación total de indefensión” y convertidos en personal permanentemente localizado y al servicio de la Administración de forma gratuita y arbitraria, dependiendo de cada gerencia.
Constantemente se les deniegan permisos y derechos que otro personal sí disfruta en el Servicio de Salud de Castilla y León. Los calendarios laborales que pasan por la Junta de Personal no son los mismos que después se aplican a este personal de área y no incluyen toda la jornada laboral a realizar para poder introducir cambios en ellos y utilizar a estos trabajadores para realizar coberturas que en ocasiones son necesidades urgentes, pero que en la gran mayoría de las ocasiones se pueden programar con la “suficiente antelación” —a veces hasta un año— como para que estén en ese calendario.
De este modo, se les avisa con “muy poca antelación” para cubrir esas necesidades y a veces “sufren amenazas” si se niegan a cubrir esa necesidad.
Además, SATSE denuncia que algunos han llegado a sufrir reducciones de sus retribuciones mensuales por el hecho de no alcanzar en ese mes la jornada mensual establecida y no haber podido realizar una sustitución para compensarlo. Al mismo tiempo, en alguna provincia, más del 50% de las plazas de enfermeros de área tienen asignadas hasta tres zonas básicas de salud y distan entre sí más de 50 kilómetros, con orografía “complicada”, por lo que no se tiene en cuenta la “amplia dispersión geográfica” existente en Castilla y León.
En algunas gerencias, además, no se les conceden los mismos permisos que al resto de personal y que están contemplados en la normativa vigente, como es el caso de ingreso hospitalario o fallecimiento de un familiar; hay trabajadores que vuelven de una baja y deben jornada porque cada gerencia hace un cómputo propio, y algunos profesionales se ven obligados a hacer cambios de guardias con compañeros porque si no, no pueden disfrutar de vacaciones, concluye el comunicado de SATSE.
A nivel nacional
El sindicato de Enfermería (Satse) reclamó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cumpla la “palabra dada” cuando estaba en la oposición y propicie el traspaso de los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias a los gobiernos autonómicos de cara a su plena integración en sus respectivos servicios de salud.
Y es que, tal y como recordó, el PSOE demandó en distintas ocasiones al Ejecutivo de Mariano Rajoy que hiciese efectivo el mandato contenido en la disposición adicional sexta de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, y que debería haberse llevado a cabo en un plazo de 18 meses desde la entrada en vigor de esta norma en diciembre de 2004.
La última de las ocasiones, fue cuando el PSOE presentó una proposición no de ley aprobada en el Congreso, por la que se instaba al Gobierno a acordar con las diferentes comunidades autónomas el traspaso y una financiación suficiente para prestar la atención sanitaria a la población reclusa. En la actualidad coexisten dos sistemas sanitarios públicos que están desarrollando sus funciones de forma “paralela, duplicando, en ocasiones, recursos”.
