La vicepresidenta en funciones del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, acusó al candidato socialista a la presidencia, Pedro Sánchez, de hacer demagogia con la pobreza energética por anunciar que legislará si llega a gobernar para proteger las normas autonómicas sobre el asunto, como la catalana recurrida por el gobierno y suspendida por el Tribunal Constitucional (TC). “Esto no funciona así, el Estado tiene unas competencias y las comunidades, otras”, dijo.
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del Gobierno contra la ley catalana sobre pobreza energética y suspendido los artículos en cuestión. En la rueda de prensa tras el Consejo de Minsitros, Santamaría insistió en que el grueso de la norma dedicado a esa cuestión no fue recurrido, sigue en vigor y se puede aplicar.
“El Consejo de Estado dijo que esa parte era constitucional y recurrimos otros preceptos, que no hacían referencia a temas de pobreza energética. Ni la Generalitat ni el PSOE pueden escudarse en la suspensión de la ley porque no está recurrido lo que permite mecanismos y fondos, dinero de la Generalitat, para ponerla en marcha”, recalcó. En cuanto a la reacción del líder socialista, Sáenz de Santamaría aseguró que desconoce qué normativa quiere aprobar para que sea paraguas de la legislación autonómica, si pretende “ampliar las competencias de las comunidades”. Pero aseguró que el Estado tiene unas atribuciones y las autonomías otras, que se tienen que respetar mutuamente. “Solo sé que el mayor número de desahucios se realizó en un gobierno socialista”, añadió, para defender que las cifras “se van reduciendo”. “Le diría al PSOE que menos demagogia y más rigor en un asunto grave como ha sido este y no confundir a la opinión pública”, concluyó.
Asimismo, el PSOE se comprometió a que en seis meses desde que forme Gobierno, en caso de ganar las elecciones, no habrá ni un solo ciudadano sin luz, agua o calefacción. Así lo aseguró en el documento titulado ‘Sí a erradicar la pobreza. Sí al rescate ciudadan’, presentado ayer.
“La carencia de recursos supone, en demasiados casos, la imposibilidad, para las familias sin ingresos, de hacer frente al alquiler de la vivienda o al pago de las facturas de agua, gas y electricidad. Por eso vamos a garantizar que en seis meses ningún ciudadano se vea privado de servicios esenciales”, subrayó.
