La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, explicó el martes en el Senado que se encuentra en conversaciones con los distintos consejeros autonómicos para realizar un “mapa territorial” de la situación, localización y necesidades de los menores extranjeros no acompañados que se encuentran en España.
En una comparecencia en la Comisión de Familia, Infancia y Adolescencia del Senado, la ministra se referió a este asunto interpelada por distintos portavoces de la oposición, como la vocal del PNV Nerea Ahedo, quien ha destacado que sólo en el País Vasco viven en torno a 1.300 de estos niños que llegaron solos a España.
“Somos conscientes y estamos hablando con los consejeros de las comunidades autónomas que están recibiendo más menores no acompañados. Es una competencia sobre todo de Empleo y de Interior pero desde este ministerio, hemos solicitado información a todas las comunidades autónomas para tener un mapa territorial, un diagnóstico, y poder evaluar y poner medidas sobre la mesa”, señaló.
Según dijo después, en declaraciones a los medios, dado que las competencias son de las comunidades autónomas y que “están preocupadas” por este asunto, el papel de Sanidad será “coordinar” y para ello, se les ha pedido información para saber “cuántos MENA tienen en cada uno de sus centros”, con el objetivo de “un mejor tratamiento”.
De momento, descarta hablar de un reparto de estos niños y adolescentes que se concentran sobre todo en Andalucía, Murcia, País Vasco, las ciudades autónomas y “todo el Levante”, e incide en que “debido al volumen de MENA se está trabajando en coordinación con Interior y Empleo y las comunidades autónomas recogiendo toda esa información”.
“El Gobierno del PP puso en la ley de 2015 la protección de los menores no acompañados, una ley que presume la minoría de edad y a la que añadimos un protocolo para su seguridad máxima. El Gobierno y las comunidades hemos hecho un gran esfuerzo en la protección de los menores no acompañados y ahora tenemos que trabajar con las comunidades autónomas, competentes en la atención para ver toda la información y poner políticas encima de la mesa de apoyo y coordinación”, apostilló.
Durante su intervención, la ministra repasó también las políticas en materia de familia e infancia de su departamento y ha avanzado que esta semana se aprobará en el Consejo Interterritorial de Asuntos Sociales y Dependencia el anunciado reglamento para adopciones internacionales que habrá de homogeneizar los criterios, la accesibilidad y los precios de las agencias en todo el país y dar mayor seguridad a los adoptantes.
Asimismo, se refirió a otras cuestiones, como la prometida ley Integral de Violencia contra la Infancia que elabora un grupo de trabajo en el seno del Ministerio de Sanidad y que según ha dicho, no entró en el Plan Normativo del Gobierno para 2018 porque difícilmente habrá pasado por el Congreso y el Senado antes de que acabe el año. Insiste, no obstante, en que verá la luz en esta legislatura.
Iniciativa consensuada
“Vamos a tenerla esta legislatura pero a lo mejor no en 2018 porque todos conocemos los trámites que debe pasar una ley y la queremos hacer desde el conseno, participativa. A día de hoy ya se está redactando el proyecto. Lo importante no es si vamos a tener un mes u otro, sino que la vamos a tener esta Legislatura y por eso no la pusimos en el plan normativo, porque para mí es más importante el consenso”, explicó.
No obstante, incidió en que se está trabajando por la infancia en otros ámbitos, como en el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y ha apuntado que también se está trabajando ya en la elaboración del nuevo Plan Nacional de Infancia y Adolescencia así como en la nueva Estrategia de Apoyo a la Familia, para cuya elaboración se está acometiendo “un diagnóstico estadístico” que arroje luz sobre la situación.
También se refirió a otros asuntos, como la custodia compartida y, al igual que hizo en el Congreso, emplazó a los miembros de la Comisión de Familia del Senado a elaborar propuestas para regular esta cuestión que a su juicio requiere de máximo consenso a fin de “añadir en el derecho positivo lo que está marcando el Tribunal Supremo” y es la aplicación “en igualdad de condiciones de las dos formas de guarda”, siempre con un juez atendiendo al caso concreto y al interés del menor. “Un cambio legislativo de este calado es un impacto en todas las familias y tiene que tener grandes consensos de todos los partidos políticos”, dijo.
