La Consejería de Sanidad de Castilla y León avanza en los trabajos para redefinir los criterios de autorización de nuevas oficinas de farmacia en la Comunidad con el objetivo de lanzar, antes de que finalice la legislatura, un concurso “tranquilo” y sin sobresaltos. Así lo aseguró el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, durante su intervención en ‘Los desayunos de Ical’, donde defendió que la prioridad del proceso es mantener el equilibrio territorial sin generar “disturbios” asistenciales, especialmente en la cobertura rural, y garantizar un “sistema de proximidad”.
“No se trata de abrir muchas más farmacias, sino de abrirlas donde realmente se necesitan, especialmente en las zonas periurbanas que han crecido en los últimos años y donde hay déficits de asistencia farmacéutica”, explicó. Para ello, la Consejería trabaja en una nueva normativa que marcará los criterios de adjudicación, una fase que Vázquez definió como “técnicamente compleja” por los múltiples factores que deben ponderarse, desde la distancia hasta la experiencia del titular.
Vázquez defendió la solidez del modelo farmacéutico de Castilla y León, que es la segunda comunidad con mejor cobertura por habitante (una farmacia por cada 1.500 habitantes, solo por detrás de Navarra) y con un fuerte arraigo rural. “No vamos a cerrar ninguna farmacia”, subrayó. “Es más, sabemos que algunas son difíciles de mantener y ahí las estamos ayudando con mecanismos como el índice corrector”.

Cobertura suficiente

En la actualidad, Castilla y León cuenta con 1.597 farmacias comunitarias, de las que el 66 por ciento se sitúan fuera de las capitales de provincia. Muchas de ellas son esenciales para sostener el modelo farmacéutico rural y funcionan, además, como servicio social en zonas en riesgo de despoblación. Un total de 200 boticas -el 12,5 por ciento de las existentes en la Comunidad- reciben apoyo económico a través del Índice Corrector de Márgenes (ICM), un porcentaje que convierte a la Comunidad en líder nacional en ayudas a farmacias en riesgo.
Por provincias, destacan Soria, Zamora y Segovia con las tasas más altas de farmacias acogidas al ICM, superando incluso el 20 por ciento. Esta circunstancia evidencia que el concurso en ciernes no tiene como fin cerrar oficinas o redistribuir sin orden, sino corregir carencias donde la población ha crecido de forma notable en los últimos años.