El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, instó este lunes a los grupos de las Cortes a una reflexión para la modificación de la ley de Hacienda de la Comunidad y adelantar en cuatro meses, al 31 de julio, la rendición de la Cuenta General cuyo plazo ahora es el 30 de noviembre, lo que mejoraría el control y contribuiría a una gestión más eficiente.
Amilivia presentó en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes el Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad -obligada por ley- y el ‘Análisis del endeudamiento de la Administración autonómica’, complementario del anterior y ambos del ejercicio 2022’, aun con el impacto de la pandemia y con presupuestos prorrogados por el adelanto electoral.
La Cuenta General de la Comunidad, rendida en plazo, se forma mediante la consolidación de las cuentas anuales de las entidades que integran el sector público autonómico, precisó, para desgranar que los créditos del presupuesto inicial de gastos e ingresos consolidado ascendían a 12.286, que alcanzaron los 13.290 millones con la incorporación de modificaciones por cuantía de 1.005 millones.
Los presupuestos iniciales para 2022 deberían ser inferiores a los de 2021, ya que en los presupuestos que se prorrogan existían créditos para realizar gastos circunscritos a ese ejercicio. Sin embargo, los créditos iniciales para 2022 son prácticamente idénticos a 2021. Posteriormente se tramitaron minoraciones de crédito, consecuencia de la prórroga, por importe de 52,3 millones de euros.
De acuerdo con los datos de la liquidación, las obligaciones reconocidas netas se situaron en 12.578 millones de euros. Desde el punto de vista funcional, el 56 por ciento del gasto presupuestario, se ha dedicado a sanidad, educación y cultura, lo que supone un aumento de 233 millones respecto al ejercicio anterior. Dentro del gasto destinado a sanidad, educación y cultura el destino es principalmente la atención primaria y especializada (un 61 por ciento).
En atención sanitaria el gasto fundamental se realiza en Atención especializada, con 2.858 millones (un 2,7 por ciento más que en 2021) y en Atención primaria, con 1.444 millones (un aumento de 4,4 por ciento). Respecto a la enseñanza, el principal gasto se destina al subprograma Educación secundaria, Formación profesional, educación especial, enseñanzas artísticas e idiomas, por un importe de 1.021 millones (un 2,3% más que en 2021) y al subprograma Enseñanzas universitarias, con 422 millones (un 5,8 por ciento más que en 2021).
El sistema de financiación autonómica aportó a la Comunidad 7.655 millones en el ejercicio, el 64 por ciento del total de los ingresos de la cuenta consolidada. De ellos, las entregas a cuenta provenientes del Estado, 6.862 millones, suponen el 57 por ciento. El importe de la liquidación definitiva del sistema de financiación del año 2020 fue negativo para la Comunidad en 372 millones, cuantía neutralizada por la Administración del Estado al no considerarse el impacto económico de la crisis sanitaria en las entregas a cuenta de dicho ejercicio.
El patrimonio generado es negativo por importe de 8.214 millones, con una disminución de 125 millones en 2022. El patrimonio neto es negativo por 6.099 millones, empeorando en 119 millones desde 2021, lo que explica la necesidad de recurrir al endeudamiento.
Endeudamiento
Al cierre de 2022, el volumen total de deuda en términos de contabilidad nacional, que es la computada por la Unión Europea para el control del déficit (Protocolo de Déficit Excesivo), en Castilla y León ascendía a 13.322 millones de euros. Su incremento con respecto al 2021 es del 0,81 por ciento. Teniendo en cuenta que para todas las comunidades esta cuantía es de 317.089 millones, la participación de Castilla y León en la deuda total de las comunidades se mantiene desde 2013 en el cuatro por ciento.
