El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer que el Gobierno de España reconoce oficialmente al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como “presidente encargado” del país, con el objetivo de que convoque elecciones presidenciales “en el menor plazo de tiempo posible”.
Así lo afirmó en una breve declaración en el Palacio de la Moncloa en la que, además, avanzó que el Gobierno tiene intención de promover en la ONU y en la UE un “plan de ayuda humanitaria para paliar urgentemente la grave situación que se vive en Venezuela”, porque “quien está sufriendo las consecuencias del conflicto y del régimen de Maduro es el pueblo de Venezuela”.
Sánchez no respondió a preguntas de la prensa y, de este modo, no precisó qué efectos concretos tiene este reconocimiento, que se consensuó con varios países europeos e iberoamericanos. Eso sí, señaló que en las próximas horas hablará con las instituciones europeas y con los gobiernos europeos y latinoamericanos “que quieran sumar esfuerzos a la causa de la democracia en Venezuela” para “desarrollar” esta posición.
Un paso atrás
“España no va a dar un paso atrás en este empeño y va a estar a la altura de lo que se esperas de ella en este conflicto”, dijo en una declaración que ha durado poco más de seis minutos.
El jefe del Ejecutivo empezó por señalar que se han cumplido los ocho días que el Gobierno español y los de otros países europeos (singularmente Francia, Alemania y Reino Unido) dieron “al régimen de Nicolás Maduro” para que convocase elecciones presidenciales libres, democráticas y transparentes. El plazo se ha cumplido, dijo, sin que Maduro haya “dado paso alguno en esta dirección”.
Además, puntualizó que la “legitimidad democrática” de Juan Guaidó emana de su condición de presidente de la Asamblea Nacional, surgida de las últimas elecciones libres y democráticas reconocidas como tales por la comunidad internacional. Sánchez enmarcó su decisión de reconocer a Guaidó en la “defensa del multilateralismo como herramienta indispensable para la solución pacífica de conflictos”, argumentando que España ha trabajado “en coordinación con la mayoría de países europeos” para que el reconocimiento sea consensuado. Además, aseguró que la posición común ha sido “a iniciativa del Gobierno de España con distintos países europeos”.
Por otro lado, recalcó que el Ejecutivo ha mantenido también una “comunicación diplomática constante con los países iberoamericanos”, afirmó.
