El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresó ayer su disposición a explorar soluciones políticas “valientes y audaces” para resolver la crisis política en Cataluña pero, eso sí, advirtió a los independentistas de que será siempre dentro del marco de la Constitución.
En su réplica en el pleno del Congreso a los portavoces de Esquerra Republicana (ERC) y del PDeCAT, Sánchez aseguró que su Gobierno está abierto a abordar con ambos partidos y también con el resto de grupos del Parlament una solución para Cataluña.
Aunque dijo ser “consciente” de que existen “enormes diferencias” entre el PSOE y las formaciones independentistas para encontrar una salida al conflicto, el jefe del Ejecutivo subrayó que “lo importante” no es ver a qué se renuncia, sino ver en qué se está dispuesto a llegar a acuerdos.
Sánchez aseguró que la crisis en Cataluña “sólo se resolverá votando”, pero no votando una “ruptura”, como pretenden Esquerra Republicana (ERC) y el PDeCAT con su petición de un referéndum separatista, sino un acuerdo para reformar el Estatut.
Cambiar el Estatut
En este punto, recordó a los secesionistas que tanto para modificar el Estatuto de Cataluña como para aprobar una Ley Electoral para esa comunidad, se necesitan tres quintos del Parlament, “y eso a día de hoy no lo tienen” para impulsar el derecho a la autodeterminación que promulgan ERC y el PDeCAT, “más allá de las cuestiones constitucionales o de índole política”.
Sánchez considera “evidente” que la sociedad catalana está “profundamente dividida” y dijo que por eso su Gobierno está dispuesto a estudiar soluciones políticas “audaces” pero en el marco de la Carta Magna de 1978, “que es el gran consenso que nos une a todos”, añadió.
Pero recalcó que el “coraje” que se necesita debe provenir de “todos”, no sólo del Gobierno”. “Es importante que todos hablemos claro a los ciudadanos y saber lo que podemos y no hacer. Podemos hablar de todo, pero todo no es posible”, replicó, por su parte, al PDeCAT, al que señaló que cuando se dialoga es posible “encontrar puntos en común”.
El presidente dijo que es consciente de que la crisis catalana es “una carrera de largo plazo” y que son muchos los desencuentros, pero llamó a “construir encuentros”, como de entrada lo es la activación de las comisiones bilaterales y “la mano tendida” en cuestiones de cohesión social. “Es un buen punto de arranque”, dijo.
Tras destacar que el Gobierno ya está revisando los recursos de inconstitucionalidad del Ejecutivo de Mariano Rajoy contra leyes catalanas, Sánchez concluyó subrayando que los Gobiernos central y catalán no podrán construir hasta que no “reconstruyan la confianza y las lealtades”.
- prohibir la amnistía fiscal. Pedro Sánchez afirmó que no podrá publicar los nombres de quienes se beneficiaron de la amnistía fiscal del año 2012 porque el Tribunal Constitucional se pronunció sobre su irretroactividad, y anunció una reforma legal para “prohibir futuras amnistías fiscales”. El presidente del Gobierno defendió que la amnistía fiscal fue “un fracaso moral y también desde el punto de vista recaudatorio” y recordó que el Grupo Parlamentario Socialista la recurrió ante el tribunal de garantías. Además, añadió que el TC emitió una “sentencia durísima” sobre la anterior Administración pero también se pronunció expresamente sobre la irretroactividad de la misma. La sentencia, de 2017, declaró inconstitucional la amnistía, pero sin efectos retroactivos sobre las regularizaciones.
- ley de memoria histórica. El presidente del Gobierno confirmó que “en un breve espacio de tiempo” se procederá a exhumar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. “La decisión del Gobierno es firme”, aseveró. En su exposición inicial, el jefe del Ejecutivo apuntó que “un país que mira al futuro tiene que estar en paz con su pasado” y que, con el bagaje que dan 40 años, España debe hacerlo “con serenidad naturalidad y moderación”. Sánchez subrayó que pertenece a una generación que creció en democracia para apuntar que “ninguna democracia puede permitirse monumentos que ensalcen una dictadura”. “La nuestra, tampoco”, apostilló. Por eso, insistió en que la decisión del Gobierno es firme y que su materialización, “a falta de dar unos últimos retoques”, será “en breve espacio”.
- un nuevo pacto de toledo. El jefe del Ejecutivo tendió la mano a “todos los grupos parlamentarios para construir un nuevo Pacto de Toledo”, con el que recuperar el Índice de Precios de Consumo (IPC) como referencia para actualizar las pensiones. Sánchez reclamó encontrar “juntos soluciones” para el sistema público de pensiones, una cuestión en la que, dijo, “la sociedad no entiende la incapacidad para alcanzar acuerdos”. “La mayoría de la sociedad nos ha trazado de forma clara un camino, que es la actualización de las pensiones conforme al coste de la vida, y confío en que una mayoría lo más amplia posible de esta Cámara se sume a esta propuesta”, señaló. Sánchez llegó a referirse a la exigencia de que las pensiones “no pierdan poder adquisitivo” y que sean dignas como una “obligación moral”.
- permiso en delitos sexuales. Sánchez reafirmó la intención del Ejecutivo de introducir en el ordenamiento jurídico el consentimiento expreso en la tipificación de los delitos sexuales tras la sentencia que condena a los cinco jóvenes de ‘La Manada’ por un delito de abuso sexual, y les absuelve del de agresión. “Que quede claro señorías: si dice no es que no, y si no dice que sí es que no”, subrayó el presidente del Gobierno. Según manifestó, la forma en que se hacen las lecturas de las normas jurídicas “parecen contradecir el espíritu” actual de sociedad española. Así pues, el líder del Ejecutivo defendió la incorporación de la perspectiva de género a toda acción de la administración de Justicia. Así abogó por impulsar la cultura del Pacto de Toledo “todavía más lejos, hasta erradicar” este tipo de violencia.
