Hace unas semanas, el Tribunal de Cuentas detectó irregularidades en la contabilidad de Podemos y, poco después, fue la propia Justicia la que imputó a Podemos como persona jurídica, citándoles a declarar de la posible caja B, además de la contratación, corrupción y pagos irregulares a distintas empresas.
Nadie del partido y menos su Secretario General, el Vicepresidente del Gobierno, Iglesias, han salido a dar explicaciones al respecto, cuando las acusaciones son muy graves. Ya dije entonces que Sánchez no podía mantener ni un minuto más a un partido imputado en el Gobierno, pues según sus propias palabras en la moción de censura, no es regeneración democrática liderar partidos financiados irregularmente y menos apoyarse en ellos.
Pero es que este pasado miércoles, la Audiencia Nacional ha pedido al Tribunal Supremo la investigación directa de Iglesias (antes se decía imputación) por el ‘caso Dina‘. Iglesias estaría ya imputado, sino estuviera aforado por su condición de miembro del Gobierno. España no puede permitirse tener un vicepresidente acusado de delitos tan graves como el de denuncia falsa, revelación de secretos (con agravante de género) y daños informáticos, además de los ya indicados de su partido Podemos. Y menos, que el presidente Sánchez lo permita. Creo que sólo por el mero hecho de que Iglesias haya mentido en sede judicial, sólo por eso, Iglesias tendría que estar fuera del Gobierno.
Iglesias debe comparecer públicamente y dimitir. Y Sánchez, no debería permitir que se esconda en La Moncloa, porque terminaría siendo cómplice de los que delinquen. Y si lo permite, por algo más que seguir en el poder será. Menos mal qué “no somos todos iguales” y mucho menos, iguales que muchos del PSOE.
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(*) Diputado del PP por Segovia.
