El que fuera director general de Caja Segovia durante once meses, hasta finales de 2011, Miguel Ángel Sánchez Plaza, ha reconocido que al abandonar la entidad percibió en compensación un total de 6.956.823 euros, pero se ha quejado de que resultó perjudicado respecto de otros directivos que luego salieron y que no contaban con «requisitos tan gravosos».
Precisamente, las prejubilaciones millonarias abonadas a sus directivos por Caja Segovia, objeto de investigación en sede judicial, ha sido una de las principales cuestiones trasladadas al compareciente en el marco de la comisión de investigación sobre la gestión de las cajas de ahorros celebrada este jueves en las Cortes, donde Miguel Ángel Sánchez, ha reconocido que al abandonar la entidad fue compensado con casi siete millones de euros, incluidos casi cuatro en concepto de prejubilación y el resto en compromisos por pensiones.
Se da la circunstancia de que Sánchez Plaza se encuentra inmerso en el proceso judicial abierto por las prejubilaciones en la entidad en su condición de partícipe a título lucrativo de un delito de administración desleal, lo que se ha traducido en su caso en la imposición de una fianza de 3,9 millones de euros.
Pese a ello, el exdirectivo, en declaraciones recogidas por Europa Press, se ha quejado de que el acuerdo alcanzado no fue del todo productivo para sus intereses, toda vez que contaba con «dos debilidades importantes», en referencia a que se vio obligado a retrasar cuatro años su prejubilación y al pacto de no concurrencia impuesto.
Sin embargo, el compareciente ha defendido la legalidad de los emolumentos percibidos amparado en los requerimientos que a lo largo de 2011 tanto el Banco de España como la Junta, «ante el clima de alarma social existente», efectuaron a la entidad para que aportara toda la documentación «con pelos y señales, incluidas las prejubilaciones», sin que entonces se hiciera constar irregularidad alguna.
Además, ha incidido en que incluso percibía en Caja Segovia una retribución inferior en un 20 por ciento a la que recibía su predecesor en el cargo.
A lo largo de su declaración, el exdirector general de Caja Segovia se ha desmarcado de operaciones como la asunción de la deuda tributaria por importe de 6,9 millones de euros de la sociedad Navicoas Asturiana S.L, de la que asegura que conoce por la prensa, y también de la decisión de integrarse en el Sistema de Integración Bancaria con Bankia y otras entidades de ahorro, pues, como así ha precisado, él «desembarcó en el SIB cuando ya estaba hecho», aunque ha llegado a reconocer que «si se pudiera entrar en el túnel del tiempo, lo más positivo hubiera sido integrarse en Caja Madrid».
Durante la comisión en sede parlamentaria, Sánchez Plaza sí ha lamentado que con la pérdida prácticamente total de entidades de ahorro en toda España la sociedad segoviana se ha visto «seriamente perjudicada» con motivo de la desaparición de la Obra Social de Caja Segovia, «pues esta entidad era una de las que más se descapitalizaba en favor de la sociedad y participaban en todo tipo de eventos».
Manuel Escribano considera “sorprendente” su imputación en la causa de las prejubilaciones
El director general de Caja de Segovia entre 1995 y 2011, Manuel Escribano coincidió con muchos de los postulados de su antecesor en el cargo en su comparecencia realizada la pasada semana en sede parlamentaria, donde aseguró que los directivos de la entidad fueron tratados «clarísimamente peor» que el resto de los trabajadores de la caja en materia de prejubilaciones. Así, indicó que los directivos fueron sometidos a «dos condiciones muy duras para acceder a las prejubilaciones, equivalentes al 74,7% del salario que percibieran, lo cual eran económicamente «idénticas» a las del resto de la plantilla. Escribano calificó de «sorprendente» su imputación como acusado en el juicio que en los próximos meses dirimirá su responsabilidad y la de otros seis exdirectivos sobre la aprobación del plan de prejubilaciones, y aseguró que «no he cometido ni la mas mínima ilegalidad».
