El presidente del Constitucional, Pascual Sala, insistió ayer en Segovia que este tribunal resuelve siempre con criterios jurídico-constitucionales, únicamente, y sin atender a criterios políticos, aunque estos sean legítimos.
Con estas palabras inició ayer la conferencia que ofreció en la iglesia de San Quirce, dentro del ciclo ‘Valores y Sociedad’ que promueve la Fundación Valsaín y que este año llevan por lema ‘El valor de la Justicia’.
Sala admitió que, debido a la crisis económica, el número de asuntos que tiene que atender el Tribunal Constitucional ha aumentado mucho pero añadió que “acomete las resoluciones siempre con el mismo criterio, cuando están estudiadas las resuelve y no improvisa nunca, siempre medita y resuelve”.
Afirmó que “la justicia lenta es lo contrario a justicia” y, por eso, aseguró que el Tribunal Constitucional “procura estar al día pero no siempre se puede conseguir. Hay muchas razones, unas veces técnicas, otras de operatividad, otras por falta de argumentaciones necesarias que motivan que el tribunal tenga que recabarlas por su parte, que impiden una justicia inmediata, que tampoco puede ser, como sabemos todos”.
Antes de la conferencia asistió a una recepción en el Ayuntamiento y allí respondió a preguntas sobre asuntos de actualidad que afectan al Constitucional, como la admisión a trámite del recurso de amparo presentado por Arnaldo Otegi, de la izquierda independentista vasca, o la suspensión de la declaración soberanista del Parlamento catalán, decisiones que defendió porque han sido adoptadas siguiendo los citados criterios jurídico-constitucionales “meditados y no improvisados”, según señaló.
A preguntas de EL ADELANTADO, sostuvo que acaba su etapa en la Presidencia del Constitucional —lo deja en junio— satisfecho con el trabajo realizado. “A pesar de que culmina una vida entera, porque tengo más de 50 años de oficio judicial, la estancia en el Tribunal Constitucional marca mucho”.
Derechos ‘olvidados’
La intervención de Pascual Sala, presidente del Tribunal Constitucional, en las jornadas organizadas por la Fundación Valsaín, versó sobre “Protección de los derechos fundamentales por la justicia constitucional”. En los primeros veinte minutos disertó sobre las diferencias entre los estatutos de autonomía y la Constitución, destacando la prevalencia de la segunda, de la que destacó que no es una declaración de principios si no “la primera de las normas”, directamente aplicable en los tribunales.
Después desglosó varios artículos de la Constitución que recogen “derechos consagrados que parece que con la crisis se han olvidado”, entre ellos el 35 (derecho al trabajo), el 37 (a la negociación colectiva), 43 (salud pública), 49 (atención a las personas dependientes o con discapacidad) o 50 (pensiones a la tercera edad). Explicó, por ejemplo, que para derogar el sistema de Seguridad Social o la revisión periódica de las pensiones, tendría que modificarse la Constitución.
Por su parte, el presidente de la Fundación Valsaín, Álvaro Gil Robles, al presentarle y elogiar la función del Constitucional, hizo referencia a “la incapacidad en el ámbito político de resolver conflictos y buscar espacios comunes”.
