El sistema sanitario de Castilla y León, Sacyl, atendió entre el 15 y el 20 por ciento de los casi 15.000 inmigrantes irregulares que perdieron la tarjeta sanitaria por la entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, aunque la Comunidad les mantuvo dados de alta en su sistema informático y en la historia clínica.
Así lo afirmó el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, durante su intervención en la Comisión de Sanidad en las Cortes de Castilla y León, donde explicó que entre el 15 y el 20 por ciento de las 14.994 personas que tenían la tarjeta y que se vieron afectados por esta medida utilizaron los servicios sanitarios en los últimos tres años, fundamentalmente la Atención Primaria, “sin problemas en este caso”.
El consejero, aunque mantuvo estos porcentajes, concretó que 1.281 personas acudieron a consultas u otras gestiones y 333 demandaron asistencia sanitaria en Urgencias. Además, el titular de Sanidad, quien compareció a petición del Grupo Socialista para informar sobre esta cuestión, cifró en 85 el número de convenios rubricados con personas en situación irregular para que tuvieran asegurada la asistencia sanitaria en la Comunidad, de los cuales 59 continuarían activos en la actualidad.
Sáez Aguado aseguró que en Castilla y León “ninguna persona ha dejado de ser atendida por ser o no ser inmigrante irregular” ni en Atención Primaria ni hospitalaria, aunque sí reconoció que hubo algunos problemas iniciales que algunas entidades trasladaron a la Consejería y se resolvieron, tras lo que creyó que salvo alguna incidencia en algún procedimiento en hospitales, en general, no ha habido problemas.
El titular de Sanidad castellanoleonés recordó que el Gobierno de Castilla y León tenía “bien clara” su posición, de que había que garantizar la asistencia sanitaria a todos los ciudadanos que vivan en Castilla y León, como estableció la Ley General de Sanidad en cuanto a la universalidad de la atención a españoles y extranjeros no residentes en este caso.
