El juez Pablo Ruz mantuvo ayer que los tres mandos policiales a los que se atribuye el chivatazo a ETA en el bar Faisán de Irún (Guipúzcoa) en 2006 pudieron incurrir en un delito de colaboración con la banda armada porque con su actuación contribuyeron «a las finalidades perseguidas por tal organización».
Para el juez, en el chivatazo existió «conocimiento y voluntad al respecto por parte de los autores de tales hechos», y permitió que la cantidad de dinero recaudado por el aparato de extorsión (unos 54.000 euros) «no fuera interceptada por la fuerza policial encargada de la vigilancia y seguimiento de la red terrorista investigada». «Los indicios acumulados en la instrucción», añade Ruz, llevan a presumir que esa cantidad de dinero fue «puesta a disposición de la propia organización terrorista, para el cumplimiento y ejecución de las actividades y finalidades perseguidas» por la organización.
Ruz hizo estas precisiones al desestimar los recursos contra el auto de procesamiento interpuesto por los tres mandos policiales -el ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo, el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, y el inspector de la Brigada de Información de Álava, José María Ballesteros-.
