Ahora que las aguas, o mejor dicho los cielos, vuelven a su cauce con la guerra abierta el pasado viernes por los controladores, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, comparecerá hoy ante el Pleno del Congreso de los Diputados para explicar por qué el Ejecutivo decidió decretar el estado de alarma a raíz del cierre del espacio aéreo por el plante de este colectivo que, según comentó ayer el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, «sabían que la iban a montar, y por eso había que cortarlo», para luego añadir: «La mancha de aceite se habría extendido también en Navidades».
La Junta de Portavoces del Congreso ha decidido que en este debate cada grupo parlamentario disponga de un turno de 10 minutos, menos del tiempo que disponen en un Debate sobre el estado de la Nación o incluso en una sesión informativa sobre las cumbres europeas.
Además, según sostuvo el propio presidente de la Cámara Baja, José Bono, es muy posible que el líder socialista no haga uso del turno de réplica y se conforme con su exposición inicial, con lo que el debate podría terminarse en apenas dos horas.
Este formato reducido ha despertado las críticas del diputado de IU, Gaspar Llamazares, que subrayó que ha sido la primera vez que se ha decretado el estado de alarma en España desde la aprobación de la Constitución, lo que a su juicio exigiría un debate más profundo: «No va a permitir matices y todo va a quedar reducido al trazo grueso».
El Consejo de Ministros, reunido de manera extraordinaria, aprobó el pasado sábado un decreto por el que declaraba esta situación, de acuerdo con lo establecido en la Carta Magna, durante un máximo de 15 días. El efecto inmediato de esta iniciativa consistía en que los profesionales pasaban a estar movilizados, de tal forma que en caso de no asistir al trabajo estarían incurriendo en un delito de desobediencia tipificado en el Código Penal Militar.
Desde que el Gobierno tomó tan singular determinación, la normalidad fue volviendo a los aeropuertos. Los propios rebeldes, a través de su principal sindicato, USCA, reconocieron que su reacción fue desmedida, y que se debió al acoso y derribo al que está siendo sometido el colectivo con el cambio constante de sus condiciones laborales.
El Ejecutivo no ha decidido aún si pedirá al Congreso que prorrogue el estado de alarma, pero dejó claro que «no le temblará el pulso» si tiene que hacerlo, y sostuvo además, ayer por boca de Rubalcaba, que «será la Justicia la que decida quién debe pagar por los daños causados a pasajeros, aerolíneas y otros afectados».
Así, el número dos del Gabinete Zapatero afirmó que al polémico colectivo «no les puede salir gratis» el conflicto montado en puertas del puente de la Constitución y, por tanto, «hay que exigir responsabilidades».
De momento, arrecian las demandas -5.000 afectados se han unido- y la Fiscalía de Madrid comienza a citar hoy a declarar a un centenar de controladores por un delito de sedición con motivo del abandono de sus puestos de trabajo el pasado viernes, alegando la falta de adecuación de sus condiciones psico-físicas para el desempeño del cargo.
Desde las filas del PP, su presidente, Mariano Rajoy, afirmó que apoyará al Gobierno, pero subrayó que le exigirá «explicaciones» por la «lamentable» situación vivida. De hecho, él mismo se quedó atrapado en Lanzarote.
