Cuando queda poco más de un mes para que las urnas se abran, todo indica que la posible ilegalización de Bildu será muy complicada. De hecho, el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, aclaró ayer que las coaliciones electorales no son ilegalizables, sino que lo son los partidos que forman parte de ellas. De este modo, contestó al PP, que parece no descartar ahora reclamar la impugnación en bloque de este grupo, tal y como exigió recientemente el ex presidente Aznar.
Mientras, tal y como estaba previsto, el Consejo de Ministros autorizó a la Abogacía del Estado a proceder, si lo estima oportuno, a pedir la ilegalización de las 257 candidaturas presentadas.
Tras ser preguntado si consideraría oportuno que se impugnasen todas las candidaturas de la coalición independentista, o solo aquellas que se crean que están contaminadas por su vinculación con Batasuna, el ministro repitió una y otra vez que la decisión no corresponde a su Gabinete.
Técnicamente, el Gobierno central ha dado luz verde a los servicios jurídicos del Estado a instar cuantas acciones procesales sean oportunas para garantizar la eficacia de la sentencia del Supremo del 27 de marzo de 2003 -que declaraba proscritos a HB, EH y Batasuna-, «asegurando en especial que no concurran a las elecciones los partidos políticos, federaciones o coaliciones de partidos y agrupaciones de electores que constituyan continuación o sucesión de los grupos ilegalizados por la mencionada sentencia».
También se le dio aval a la Abogacía del Estado para promover las acciones judiciales dirigidas a impedir o anular la proclamación de aquellas candidaturas en las que concurran las circunstancias previstas en el artículo 44.4 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, en la redacción dada por la Ley Orgánica de Partidos Políticos, tras su modificación aprobada el pasado mes de marzo.
Asimismo, el número dos del Ejecutivo aprovechó para lanzar un dardo al PP al afirmar que algunos de sus dirigentes, «que tienen la carrera de Derecho o incluso han sacado oposiciones para abogado del Estado», están diciendo «notables disparates», tratando de responsabilizar al Gobierno del futuro de las candidaturas de Bildu, «cuando esa no es su responsabilidad».
La respuesta la dio el coordinador de Libertades Públicas y Justicia del PP, Federico Trillo, que apostó por no excluir contra Bildu «ninguna de las posibilidad que la ley abre» aunque el Gobierno prefiera la impugnación de las listas electorales por considerarla «la vía más rápida», al tiempo que reconoció que es un asunto «técnicamente complejo».
Desde la coalición abetzale se calificó de «impresentable, gravísima e injustificable la persecución» a la que se ve sometida. En este sentido, pidió al Ejecutivo que «ponga fin a esta estrategia de caza de brujas ilegítima e impresentable política y jurídicamente».
