La resaca de la constitución de los Ayuntamientos el pasado sábado aún continua y el impacto que ha causado que Bildu entre en 106 en todo el País Vasco, incluido el de san Sebastián, también. Pero, aunque sea algo tarde para darse cuenta de los errores, el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, admitió ayer que le hubiese gustado que la coalición independentista abertzale hubiese tenido una menor presencia institucional en los ayuntamientos vascos y navarros tras el 22-M, una visibilidad que, en términos económicos se traduce en que van a gestionar más de 1.000 millones de euros en los consistorios de las dos regiones del norte.
«Bildu podría haber tenido menos ayuntamientos si las cosas se hubiesen hecho de otra manera, y yo siempre pensé que se podían hacer», aseguró Rubalcaba en la rueda de prensa previa a un encuentro con militantes socialistas en Barcelona, en la que también resaltó que el compromiso del Gobierno con la lucha antiterrorista no tiene nada que ver con la presencia institucional de Bildu.
Así, Rubalcaba recordó que el Gabinete tiene como objetivo el fin de la violencia, lo que aún no ha pasado pese a que ETA esté «muy débil», y deben hacerlo independientemente del poder político de los abertzales.
Mientras, varios miles de personas se concentraron ayer en Bilbao para demandar que se «respeten» los derechos de los presos de ETA y se modifique la política penitenciaria que se aplica a estos reclusos. La manifestación contó con la participación de dirigentes de EA, Aralar y de la izquierda radical. Entre ellos, se encontraba el secretario general de EA, Peio Urizar, quien pidió al Gobierno que dé pasos en favor de «la normalización» en relación con los presos de ETA, que, dijo, «tienen que acercarse al país Vasco» porque, a su juicio, «a los familiares se les puede tratar como víctimas también».
