El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena acordó ayer dejar en libertad bajo fianza de 60.000 euros a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, tras escuchar su declaración. Reveló, entre otras cuestiones, que el pasado 1 de octubre pidió al expresident Carles Puigdemont que suspendiera el referéndum ante la represión policial pero que éste se negó porque había mucha gente haciendo cola en los colegios y la situación podría verse agravada.
Rovira, que compareció cerca de dos horas ante el juez que investiga el ‘procés’, basó su declaración en argumentos políticos y evitó dar nombres para no responsabilizar a nadie en los hechos que se investigan, señalaron fuentes presentes en la declaración.
En este sentido, la número dos de ERC defendió que no tenía ninguna capacidad de gestión ni de organización en la celebración del referéndum ilegal, aunque no se desvinculó del todo de él. Apuntó que alrededor de la una de la tarde del 1 de octubre pidió al expresident, huido en Bruselas, que ordenase la paralización de la consulta en vista de la intervención policial.
Rovira explicó, a preguntas de la Fiscalía, que esta petición la hizo en una reunión que convocó el propio Puigdemont en la que, según precisó, participaron representantes políticos de la CUP y Junts pel Sí (ERC y PDeCAT) y miembros del Govern. La diputada añadió que ante su sugerencia, el expresidente se negó a suspender el referéndum porque ya había demasiadas personas haciendo cola en los colegios electorales y consideraba que dejarles sin votar podía empeorar la situación.
Derecho internacional
La secretaria general de ERC defendió ante el juez que ella no ha sido ponente, ni portavoz en la redacción de la Ley de Transitoriedad y la del Referéndum, anuladas por el Tribunal Constitucional, pero recalcó que el Parlament trabajó en base a lo establecido por el derecho internacional. Así, las fuentes consultadas dicen que Rovira aseguró que tanto las normas internacionales como la Constitución dan cabida a que el pueblo catalán sea consultado.
Según estas fuentes, la diputada de ERC recordó que el Parlament ya aprobó una declaración de autodeterminación en diciembre de 1989 y que, entonces, como no había una mayoría independentista, no se le dio importancia.
Por otro lado, Rovira fue preguntada también sobre los diferentes documentos e intervenciones telefónicas que obran en el procedimiento, en la que la sitúan como pieza clave en la organización del referéndum ilegal y de otros actos investigados por ser presunta rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.
Precisamente, le cuestionaron por una llamada que recibió del responsable de organización de los colegios electorales para la votación y simplemente apostilló que esta persona se puso en contacto con ella como coordinadora política para pasarle una lista de centros disponibles, la cual fue trasladada a otra persona, que tampoco concretó.
