La jueza en excedencia y diputada de Podemos, Victoria Rosell, decidió renunciar a la Diputación Permanente del Congreso tras abrirse una investigación en el Tribunal Supremo a raíz de una querella en su contra presentada por el exministro José Manuel Soria. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acordó el martes abrir causa a la diputada de Podemos por los delitos de cohecho, prevaricación y retardo malicioso en la administración de justicia al admitir parte de la querella interpuesta contra ella por el exministro de Industria José Manuel Soria por irregulares en su forma de instruir el procedimiento abierto en las Palmas de Gran Canaria contra un empresario.
El juez que la sustituyó en el Juzgado de instrucción número 8 de Las Palmas, Salvador Alba, advirtió graves irregularidades en la forma en la que Rosell investigó una causa contra el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, con el que su pareja, el periodista Carlos Sosa, negociaba la compra de una emisora de radio por cerca de 300.000 euros.
Asimismo, el código ético que Podemos aprobó en su asamblea fundacional de Vistalegre en 2014 obligaría a sus miembros a renunciar a sus cargos públicos, internos del partido o a cualquier candidatura en caso de ser imputados, procesados o condenados por determinadas faltas y delitos, entre los que figura la “corrupción”.
Este punto de los estatutos podría afectar al futuro político de la jueza y diputada de Podemos en el caso de que resulte formalmente imputada —término que ahora, con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), se ha sustituido por el de «investigada”— en la causa que abrió este martes contra ella el Tribunal Supremo.
A pesar de todo ello, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, reiteró su total apoyo a su diputada Victoria Rosell y contaría con ella para repetir como cabeza de lista al Congreso en los comicios del 26 de junio.
La jueza agradeció “mucho” la confianza de los dirigentes de Podemos y subrayó su decisión de no defraudar los votos de la gente. Rosell no quiso contrastar su caso con el de Rita Barbera, la ex alcaldesa valenciana del PP a la que un juez pidió investigar. Rosell, portavoz de Justicia del grupo, fue incluida como vocal suplente en la Diputación Permanente del Congreso.
