Juana Rivas, la madre de Maracena (Granada) que se enfrenta a una petición fiscal de cinco años de cárcel por la supuesta sustracción de sus dos hijos, ha negado en su escrito de defensa haber cometido “delito alguno” y cree que en su caso se ha producido “un flagrante incumplimiento” de los tratados internacionales entre España e Italia en cuanto a la investigación de las denuncias presentadas en materia de violencia sobre la mujer.
En el escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción 2 de Granada, se narra desde el inicio la relación que Juana Rivas mantuvo con su expareja, el italiano Francesco Arcuri, y se alude a la existencia de supuestos “episodios violentos” desde 2009, estando ambos en Granada.
Esto dio origen a una sentencia del Juzgado de lo Penal 2 de Granada donde él fue condenado por un delito de lesiones en el ámbito familiar a tres meses de prisión junto a la imposición de una orden de alejamiento hacia ella por un año y tres meses.
A principios de 2013 ambos empezaron de nuevo a mantener “una cierta amistad telefónica y él visita con más asiduidad Maracena, ofreciéndole a Juana la posibilidad de vivir en la isla de San Pietro (Carloforte, Italia) le promete que ha cambiado”, añadió.
Según relata el escrito de defensa presentado por su abogado, José Estanislao López Gutiérrez, “la crisis obliga a Juana a traspasar el negocio y se encuentra en desempleo, sin subsidio. Tras reiteradas insistencias, la convence para ir a dicha isla en junio de 2013. Una vez allí, él vuelve rápidamente a ser violento”.
Se aluden a “malos tratos físicos y psíquicos y morales mediante golpes, salivazos, insultos y coacciones” y a un “desgaste “psicológico” que “le ocasionaron un deterioro físico muy importante”. En mayo de 2016, “no pudiendo soportarlo más y Juana consigue convencer a su entonces pareja que la deje viajar a Maracena por unas semanas para intentar curarse con la ayuda de sus madre y familia”.
El 9 de junio de 2016 acudió a pedir ayuda al Centro de la Mujer de Maracena, donde es atendida y asesorada por las profesionales hasta la actualidad. Ese verano, el 12 de julio de 2016, interpone denuncia contra Arcuri por supuestos malos tratos físicos y psicológicos habituales.
Unión europea
Su defensa sostiene que en este caso no se aplicó lo recogido en el Convenio de Estambul, que indica que las víctimas residentes en España podrán presentar denuncias por hechos delictivos cometidos en el territorio de la Unión Europea, ni en el Estatuto de la Víctima del Delito, “que exige la inmediata remisión la denuncia pr esentada a las autoridades competentes del Estado en cuyo territorio se hubieran cometido los hechos”.
Alegan que esto creó “en consecuencia una clara situación de indefensión para Juana y sus hijos que ha condicionado el devenir de todos los procesos en los que posteriormente se ha visto envuelta”, a raíz de que, según expone la Fiscalía, decidiera no volver a Italia con los niños e incumpliera las órdenes judiciales que le obligaban a entregar a los menores al padre.
De hecho, en el escrito se precisa que han transcurrido 19 meses sin que las autoridades judiciales italianas conozcan la denuncia por presuntos malos tratos psicológicos y físicos habituales que ella presentó en España contra su expareja, por lo que aún no ha comenzado investigación alguna.
Defienden, además, que desde su llegada a España en mayo de 2016, Juana Rivas incluyó a sus hijos, “ambos de nacionalidad española”, en su tarjeta de cobertura sanitaria, los matriculó en centros escolares y guardería y hablaban “todas las tardes” a través de Skype con su padre, que “tenía conocimiento del domicilio donde la madre residía junto con sus hijos”.
