Las Cortes de Castilla y León aprobaron ayer por unanimidad un acuerdo de Comunidad que se remitirá al Gobierno central en el que se pide un trato específico y singular para la Comunidad en la reforma local, ya que tiene uno de cada cuatro municipios de España y es una de sus señas de identidad regional. La proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista, con la inclusión de una enmienda de los ‘populares’, en la que se pide la modificación del texto del Ejecutivo, recibió el voto de toda la Cámara en un nuevo pacto en defensa del mundo rural y de sus competencias.
La presentación del texto estuvo cargada de felicitaciones entre los intervinientes y aplausos desde las bancadas de los procuradores por este consenso (78 votos de los presentes) en contra de la reforma local del Gobierno central, texto que se une al informe crítico que ya remitió la Junta en contra del anteproyecto de ley para la racionalización y sostenibilidad de la administración local. Se trata del primer pacto de comunidad aprobado por un parlamento autonómico contra la ley de Montoro, ya que sólo en Aragón acordaron algo similar pero más genérico, según las fuentes consultadas.
«Junto al informe crítico de la Junta, el Gobierno tiene ahora otro informe crítico de Comunidad, que tiene el voto unánime de esta Cámara», destacó el procurador socialista Francisco Ramos al subir a la tribuna de oradores para presentar el acuerdo fraguado a partir de su proposición no de ley. Ramos criticó que la reforma local estatal deje a los ayuntamientos con funciones que tenían en la etapa franquista y pierdan materias sociales que son su seña de identidad.
En tal sentido, censuró del texto del Gobierno que se jerarquicen las relaciones entre las instituciones, que se intervengan servicios de municipios de menos de 20.000 habitantes, que se engorde a las diputaciones, que se precarice a las mancomunidades, que se valore el servicio en función del coste estándar o que no se garantice el empleo local. «Es un ataque a los pequeños municipios que tiene un componente ideológico, que no comparte ni el PP en esta Cámara», concluyó.
Por su parte, el procurador del PP Juan José Sanz Vitorio inició su intervención con el objetivo que pretende la Junta en su proyecto de ley de Ordenación, Servicios y Gobierno en el Territorio, en tramitación en la Cámara, para garantizar los servicios y la cohesión en el mundo rural, pero añadió que para su sostenibilidad y para la prestación de los servicios desde la cercanía se precisan fórmulas, en referencia a la unión voluntaria de municipios que propone la Junta, pero sin mencionarla.
Aunque compartió los principios que inspiran el texto del Gobierno, Sanz Vitorio rechazó el «vaciamiento» de competencias de los municipios a favor de las diputaciones y subrayó que estas corporaciones nunca han tenido esas funciones y que chocaría con la autonomía municipal. También acudió al número de entidades locales en Castilla y León (uno de cada cuatro ayuntamientos de España y 7 de cada 10 con menos de 500 habitantes) para pedir un trato específico en la reforma local.
«Es un buen punto de encuentro para defender una de las señas de identidad de Castilla y León», valoró sobre el texto aprobado, en el que también se rechaza el coste estándar para el cálculo de la evaluación de los servicios, se defiende la existencia de todos los municipios y entidades locales menores y las mancomunidades.
Al acuerdo se unió el Grupo Mixto, en cuyo nombre habló el procurador de UPL, Alejandro Valderas, quien consideró que la reforma se debe hacer «sin prisas» y realizó algunas preguntas sobre cómo quedarán algunos aspectos sobre la elección de alcaldes o presidentes de diputaciones.
La propuesta de resolución acordada solicita al Gobierno la modificación del anteproyecto y su consenso con las CCAA y propone un trato específico y diferenciado para Castilla y León al contar con el 27% de los municipios, 9 diputaciones, 2.227 entidades locales menores y 241 mancomunidades que prestan servicios a 6.141 núcleos de población.
Además, recoge el respeto a la autonomía local, la reserva de la gestión sin más modificación que la que dé cobertura a las que ya desarrollan en materia de promoción económica, empleo e inserción laboral de colectivos con más dificultades y un régimen transitorio para eventuales traspasos. Igualmente, se apuesta por la reforma de la financiación local, la eliminación del coste estándar para la evaluación de los servicios públicos y la no supresión de los servicios públicos locales que se puedan considerar como impropios por razones de sostenibilidad sin un plazo mínimo de un año.
