Con el telón de fondo de la crisis económica, que ha obligado al nuevo Gobierno de Londres a anunciar drásticas medidas de ajuste del gasto público y que ha deteriorado sobremanera el mercado de trabajo en las Islas Británicas, el conservador David Cameron prepara ya una nueva medida, sin duda más electoralista que eficaz, destinada a poner coto a la llegada indiscriminada de extranjeros en un intento por contentar a la cada vez más numerosa porción de la sociedad que denuncia que la inmigración masiva representa un obstáculo para que los ingleses encuentren colocación.
Según informó la cadena pública de televisión BBC, la iniciativa consiste en poner un tope temporal al número de foráneos que puedan entrar en el Reino Unido desde fuera del espacio comunitario. Este plan solo sería el prolegómeno a otro que, el próximo año, fije ya un límite permanente.
La ministra del Interior, Theresa May, dejará pues en solo 24.100 la cifra de extracomunitarios que puedan pisar suelo británico hasta el próximo mes de abril.
Cabe recordar que, en su manifiesto electoral, los Tories se comprometieron a restringir la inmigración, un compromiso que han tenido que aceptar, si bien no con excesivo entusiasmo, sus socios de gobierno liberal-demócratas.
Algunos políticos conservadores consideran, pese a todo, que el establecimiento de tales techos de acogida puede terminar perjudicando a la economía a largo plazo, como también argumentan muchos empresarios, sin duda preocupados por la dificultad que supondrá encontrar mano de obra barata una vez que no haya extranjeros desocupados.
En todo caso, la iniciativa parece ya un hecho que será anunciado este mismo martes, día en que comenzará un proceso de consultas entre los diversos agentes sociales afectados antes de decidir cuál será el tope definitivo.
La oposición laborista se apresuró a criticar la medida y acusó a los conservadores de demagogia porque, según su punto de vista, son muy pocos los trabajadores admitidos en Gran Bretaña cuyo origen está fuera de los límites de la Unión Europea.
Actualmente, el número de inmigrantes de fuera del Viejo Continente que ingresan cada año al país ronda los 170.000.
Ya al otro lado del Atlántico, la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, defendía con ahínco la polémica Ley de inmigración promulgada en su Estado con el peregrino argumento de que la mayor parte de las personas que atraviesan ilegalmente la frontera estadounidense son «traficantes de drogas». «Todos sabemos que la mayoría de la gente que viene a Arizona se están convirtiendo en mulas -portadores de sustancias estupefacientes-. Atraviesan nuestras fronteras en masa. Los cárteles de la droga han tomado el control de la inmigración, así que son criminales. Están violando la ley al atravesar (la frontera) y son criminales cuando introducen marihuana y otras drogas», argumentó la gobernadora.
Por su parte, T.J. Bonner, un representante del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza de EEUU -una asociación laboral que representa a cerca de 20.000 agentes y funcionarios-, discutió semejante planteamiento con la simple explicación de que muchos de los espaldas mojadas no tienen más remedio que portar drogas porque son amenazados por los capos del narcotráfico, una presión respaldada por la violencia y a la que no es posible resistirse
