Los tres grupos parlamentarios (PP, PSOE y Mixto) reforzaron ayer la posición de unidad en una reunión mantenida con el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, sobre la búsqueda de fórmulas para la gestión de la cuenca del Duero, una unidad que ya fue protagonista con la reforma del Estatuto y que ahora se hace de nuevo visible tras la sentencia del Tribunal Constitucional que anula, por inconstitucional, el artículo 75.1 de la norma regional, que recogía la posibilidad de asumir las competencias de la cuenca.
La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ana Redondo, definió el encuentro como «constructivo» e instó y apoyó la petición de la convocatoria de la comisión bilateral cuanto antes, para «estudiar y debatir» las diferentes posibilidades para que la Comunidad tenga el «mayor peso posible» en la toma de decisiones que afecten a la cuenca. Igualmente, enumeró algunas de las diferentes fórmulas planteadas para la cogestión de la cuenca entre las dos administraciones, que sería «útil para los ciudadanos». Asimismo, comentó que la decisión del presidente del Gobierno de no ser candidato no debe afectar a este asunto.
El portavoz del Grupo Popular, Carlos Fernández Carriedo, también subrayó el consenso y remarcó la idea de que Castilla y León pretende «reforzar su presencia en la gestión del Duero, respetando la sentencia del Tribunal Constitucional». Carriedo justificó que «no se podría entender que la Comunidad tenga competencias en agricultura, medio ambiente o regadíos, y no participar en la toma de decisiones del agua, cuando son tan importantes».
Además, estableció que se sea cual sea la decisión final que se tome para que la Junta participe en la gestión ésta «deberá ser en igualdad de trato que otras comunidades autónomas», en referencia a Andalucía.
Por último, el portavoz del Grupo Mixto, Joaquín Otero, agradeció la reunión y señaló que se debe debatir en la Comisión Bilateral de Transferencias y buscar una solución para que Castilla y León tenga «voz y voto» en la «decisión definitiva». Según manifestó, las actuaciones en torno a la cuenca del Duero «afectan de forma intensa» a la Comunidad y por eso debe participar en ellas.
Otero consideró «difícil» la reforma estatutaria, así como el artículo 50.2 de la Constitución Española y la encomienda de gestión aplicada en Andalucía, dado que en esa región se ha buscado esa fórmula para seis meses «porque era urgente». En todo caso, cerró su intervención apelando a que Castilla y León «no sea menos que otras comunidades autónomas y participe de la gestión y aprovechamientos del agua de la cuenca».
