España es el país de la Unión Europea en que más ha subido la presión impositiva entre los años 2019 y 2022, de acuerdo con el reciente informe de la Comisión Europea en el que se recoge la evolución de la tributación durante la pandemia y durante la crisis económica consiguiente. Sin embargo en 2022, según el citado informe, en la mitad de los países de la Unión la presión impositiva bajó (14 países), frente a 13 países en donde creció, destacando España donde la presión impositiva creció en cerca de 3 puntos, entre los años 2019-2022. Le siguen Chipre (con un avance de 2,4 puntos), Grecia (1,7 puntos) y Portugal (1,5 puntos).
En resumen, en el año 2019, la presión fiscal en España, la suma entre los impuestos y cotizaciones sociales, estaba situada en un 34,8% del Producto Interior Bruto, una presión impositiva que ha subido hasta el 37,7% en 2022, frente a una media comunitaria con un incremento del +0,2%. Mientras que en los países de nuestro entorno el crecimiento ha sido más moderado, Francia (+0,9%), Alemania (+0,7%), Italia (+0,5%), mientras que la mayor bajada ha correspondido a Dinamarca con –5,2%.
El incremento de la presión impositiva viene motivada en España por la existencia de menos rebajas fiscales que en los países de la Unión Europea y en la creación de otras figuras tributarias. Un incremento en un contexto, como expone el citado informe, “de fuerte creación de empleo, fuertes subidas de las pensiones, los salarios públicos y el salario mínimo legal”. No obstante, también resulta relevante señalar la estructura de la imposición en España: las cotizaciones sociales están por encima de la medida europea, mientras que la tributación de las rentas de capital está equiparada a la media comunitaria, al igual que las rentas del trabajo, y la imposición del consumo por debajo de la media europea. Al mismo tiempo que España es el cuarto país que más grava la propiedad, tras Luxemburgo, Bélgica y Portugal, en un afán de aumentar su potencial recaudatorio, de hecho es el único país de la Unión Europea que mantiene el Impuesto sobre el Patrimonio.
Sin embargo, las perspectivas no son halagüeñas, la Seguridad Social deberá recibir 46.500 millones de euros en 2025 con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. En el año 2023 el déficit de la Seguridad Social se situó en 8.300 millones de euros, a pesar de recibir una transferencia del Estado de 43.463 millones de euros. Sin embargo, si se excluye algunos ingresos extra y se suma el déficit de jubilaciones en el régimen de clases pasivas, el desfase de cotizaciones sociales respecto al gasto total ascendió a 56.000 millones de euros en 2023. En el año 2024, se prevé un incremento de los ingresos de la Seguridad Social en 12.000 millones de euros, hasta una cifra total de 166.777 millones de euros, lo que no impediría un desfase de 4.500 millones, tras la aportación del Estado.
En resumen, las cotizaciones sociales solamente cubren 7 de cada 10 euros del gasto total en pensiones, quedando el resto para ser financiado vía impuestos. Mientras la deuda de la Seguridad Social ha crecido hasta los 116.000 millones de euros, por lo que queda medianamente claro que las pensiones deberán pagarse vía impuestos, lo que impedirá una bajada de la presión impositiva, una circunstancia que puede afectar a la competitividad de la economía española.
