Rechazo mayoritario a la supresión del delito de sedición aprobado por el Gobierno

La presentación esta semana que hoy termina de la proposición de ley para la reforma del delito de sedición por los socios del Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos ha suscitado una fuerte controversia política y social sobre la conveniencia de esta medida y las repercusiones que puede tener para los políticos catalanes condenados por este delito debido a su participación en el referéndum del 1 de octubre de 2017 para aprobar la fallida independencia de Cataluña.
La polémica ha traspasado las fronteras de la comunidad y la decisión de PSOE y Podemos de llevar adelante esta reforma ha generado un amplio debate político y social, mayoritariamente orientado al rechazo a una medida de la que se cuestiona no sólo su idoneidad, sino el momento político en el que se plantea, a poco más de un año de las elecciones generales y con el apoyo del independentismo catalán al actual Gobierno en juego para sacar adelante materias fundamentales como los Presupuestos Generales del Estado.
Los partidos de derecha, y especialmente el PP como grupo líder de la oposición han abanderado el rechazo a esta medida, y acusan al Gobierno de poner en jaque el sistema democrático al reemplazar el delito de sedición por el de ‘desórdenes públicos agraviados’, reduciendo las penas a aplicar con el objetivo velado de beneficiar a los políticos independentistas que cumplen condena, que verían significativamente reducidas hasta el punto de quedar en libertad en su mayoría.
En Segovia, la presidenta del PP Paloma Sanz lamentó la “falta de escrúpulos” del presidente Pedro Sánchez, porque en su opinión deja “vendida a España y a los españoles” al anteponer sus intereses personales, demostrando, una vez más, que “no es un hombre de
Estado”. En opinión de Paloma Sanz “no hay presupuestos que merezcan arrodillarse
ante los independentistas, ante los que quieren desintegrar nuestro país y obviar a todos aquellos españoles que creemos que esta es una gran nación, que España merece un Gobierno que trabaje por todos y no sólo por unos pocos, un Ejecutivo que no ceda a la presión sólo para mantener su “estatus” sino que ponga por encima de todo los intereses de este
gran país”.
“Pedro Sánchez está haciendo todo lo contrario de lo que dijo con un único objetivo: mantenerse en el poder a cualquier precio, aunque sea a cambio de debilitar el Estado”, subraya la presidenta de los populares segovianos.
Vox carga más las tintas en sus críticas, y su diputado por Segovia Rodrigo Jiménez Revuelta considera que esta reforma “es un nuevo acto de traición a España y la continuación del golpe de estado perpetrado por los separatistas y apoyado desde Moncloa”.
Además, señala que está hecha “a medida de los golpistas, y es sólo una muestra más de hasta dónde está dispuesto a llegar el PSOE con tal de mantenerse en el poder, traicionando la voluntad de muchos votantes socialistas que optaron por votar al PSOE en las elecciones de 2019”
Desde Ciudadanos, la portavoz municipal en el Ayuntamiento de Segovia Noemí Otero sostiene la opinión de su partido a nivel nacional y considera que esta decisión “es el mayor ataque a la democracia que un Gobierno puede hacer”. Asimismo, señala que “lo mas triste es que los separatistas han perdido el respeto al Estado y ahora están apadrinados por Pedro Sánchez”. Y señaló la necesidad de que el PP lidere una moción de censura a este gobierno que pretende “destrozar el estado, porque le importa muy poco la separación de poderes al interferir en el Poder Judicial con unas consecuencias claras y evidentes; y ofrecer una alternativa a este país demostrando que no todo vale en un Gobierno que está superando límites inimaginables”.
Los agentes sociales también han hecho pública su opinión, aunque apelan a la prudencia a la hora de valorar una proposición cuyo contenido debe aún ser objeto de debate parlamentario. Así, el presidente de la Federación Empresarial Segoviana (FES) Andrés Ortega, expresa su valoración “personal” sobre el asunto, al entender que es un tema político que excede las competencias empresariales, pero señala que “creo que no es el momento, porque n es una demanda social, y no se puede plantear este cambio sin el consenso de las fuerzas políticas”. Además, señala que la unilateralidad a la hora de plantear esta medida “parece perseguir fines concretos de tipo electoral que atacan el necesario consenso a la hora de aplicar cualquier cambio, y más de esta trascendencia”
El secretario provincial de CCOO Alex Blázquez señala que no conoce el documento, pero asegura que “soy poco partidario de que se modifiquen normativas que se han demostrado que son válidas, y en Cataluña parece haber servido para pararlo, quizá porque ya estaban en la cárcel los líderes independentistas”.
En cualquier caso, valoró la oportunidad del momento político para plantear esta reforma ya que en su opinión “no hay un ambiente proclive al independentismo como en 2017, y la tranquilidad es importante a la hora de aplicar cualquier cambio, pero debería hacerse desde el consenso, aun siendo consciente de la dificultad del momento para buscarlos cuando no se está haciendo política, sino campaña electoral de forma permanente.
Los representantes provinciales de los partidos que sustentan el Gobierno templan gaitas y defienden la conveniencia de esta reforma, basada en la necesaria actualización del delito de sedición con arreglo a los nuevos tiempos. Desde el PSOE, el secretario provincial José Luis Aceves rechazó la invitación de esta redacción a participar en este reportaje, y el portavoz municipal de Podemos, Guillermo San Juan aseguró que el cambio que propugna el Gobierno tiene como objetivo actualizar este tipo penal con arreglo a lo que ya se está haciendo en otros países europeos, que están dejando atrás un delito “cuya formulación parece más propia del siglo XIX”.
Asimismo, lamentó que este debate oculte otros problemas “verdaderamente importantes para la ciudadanía como la despoblación o la falta de oportunidades en el medio rural, donde hay partidos que quieren hacer ruido para ocultar sus carencias en la gestión en aquellas comunidades donde gobiernan”.
Izquierda Unida, a través de su coordinador provincial Carlos Serrano Hermo, se situó en línea con PSOE y Unidas Podemos y aseguró que la sedición “es un delito que no tiene sentido ni homologación europea, y hay cientos de expertos que abogan por derogarlo”. Además, señala que la derecha “vive del enfrentamiento en Cataluña, y ahora que el conflicto está más pausado quieren reverdecerlo, seguramente por que no les va muy bien en aquellas tierras”. De igual modo, señala que hay que separar el debate político del legislativo, y lo importante es “rebajar la tensión en Cataluña y adecuar este delito a las circunstancias de normalidad de la actual situación política”.