La Fiscalía Anticorrupción rebajó ayer martes su petición de prisión para los líderes de la trama Gürtel (en el caso del cabecilla Francisco Correa pasa de 22 años a siete años y tres meses) y para el exsecretario general del PP de la Comunidad Valenciana (PPCV) Ricardo Costa, para el que pasa a solicitar de siete años y nueve meses de prisión a cuatro años y tres meses, tras las confesiones que hicieron durante sus declaraciones en el juicio por la presunta financiación ilegal de la formación política.
El Ministerio Público también rebaja la petición de pena para el número ‘dos’ de Correa, Pablo Crespo de 22 a 13 años y medio de prisión y al responsable de responsable de Orange Market, Álvaro Pérez ‘El Bigotes’ de 27 a 16 años y medio de cárcel. Les atribuye delito electoral en las municipales y autonómicas de 2007 y generales de 2008, delito continuado de falsedad documental, delitos contra la Hacienda Pública por defraudación del IVA y del Impuesto de Sociedades y, en el caso del ‘Bigotes’, además, delito por defraudación tributaria del IRPF.
En menor grado, pide una reducción de la pena de cárcel de tres meses para el exvicepresidente de la Comunidad Valenciana Vicente Rambla (seis años y medio), para el que fuera gerente de la empresa de Correa, Cándido Herrero, (16 años y nueve meses) para la exgerente del PP valenciano Cristina Ibáñez y para el exvicesecretario de organización del PP valenciano, David Serra. A estos dos últimos se pasa de pedir siete años y nueve meses a siete años y medio de pena.
Para la extesorera del PP valenciano y exdiputada de las Corts, Yolanda García, se modifica la petición de medio año a cinco meses mientras que en el caso del cerebro financiero de la red corrupta, Ramón Blanco Balín, le mantiene su petición inicial de 15 años de prisión.
La Fiscalía también reclama para los acusados multas; la más elevada de 4,5 millones de euros para Correa por los delitos arriba mencionados además de fraude del IVA en los ejercicios 2005, 2007 y 2008 y del Impuesto de Sociedades durante los años 20005, 2006 y 2007. Para su socio en Orange Market, Álvaro Pérez, impone multa de 787,600 euros al incluirle dos delitos en el IRPF.
Fin del juicio
La Fiscalía Anticorrupción concluyó así ayer el juicio que se celebraba en la Audiencia Nacional por la presunta financiación irregular del PP de la Comunidad Valenciana liderada entonces por Francisco Camps que la formación política generó una deuda “muy elevada” en relación a la organización de actos electorales en 2007 y 2008, que fueron contratados a la empresa de la trama Gürtel Orange Market, y que éstos fueron pagados con “dinero negro”.
La fiscal Myriam Segura, que estuvo dos horas exponiendo su informe de conclusiones finales, anunció que Anticorrupción rebaja su petición de penas a los empresarios que confesaron haber sufragado irregularmente los actos electorales de los ‘populares’ valencianos y al líder de la Gürtel, Francisco Correa. También modificó la solicitud de condena para el ‘número dos’ de la red corrupta, Pablo Crespo; para el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez; para el exsecretario general del PPCV Ricardo Costa y de forma más moderada para el resto de exresponsables del partido acusados en este juicio.
Durante su intervención, la representante del Ministerio Público recordó las declaraciones de algunos testigos, como la de los trabajadores de Orange Market, proveedores de esta empresa, incluso la del jefe de Auditoría Interna del PP, Carlo Lucca, para concluir que el relato de hechos que manifiesta en su escrito de acusación ha quedado corroborado.
En este sentido, recalcó que en 2016 fueron los empresarios sentados en el banquillo los que reconocieron que pagaron facturas falsas remitidas por la sociedad de la Gürtel relacionadas con los servicios prestados al PP valenciano. Y, sobre esas facturas considera que “no son tres papelitos, es una trama”, pues “se ha construido ‘ad hoc’ un conjunto de facturas, que complementan los pagos en B y los pagos en A”.
