Apenas quince días después de ser suspendido el procedimiento para la contratación administrativa del servicio de comidas a domicilio, por un error administrativo por omisión, la Junta de Gobierno Local celebrada esta semana ha aprobado el levantamiento de dicha suspensión.
Según recordó la alcaldesa, Clara Luquero, la licitación se suspendió al detectarse que el pliego de condiciones no especificaba las plazas de personal que tenían que ser subrogadas, después de que las empresas interesadas reclamasen información sobre la subrogación de trabajadores adscritos al servicio. Luquero anunció la suspensión a través de un decreto con fecha del 13 de abril y suspendió igualmente el plazo para la presentación de ofertas.
Ahora, al incluirse un anexo en el pliego de condiciones en el que se recoge la relación de personal a subrogar, que atañe a los cargos de conductor —con jornada completa y fecha de antigüedad del 6 de abril de 2015— y coordinador
—con media jornada y antigüedad desde el 7 de enero de 2015—, el proceso de licitación de este servicio público sigue adelante.
La alcaldesa recordó que la contratación de este servicio municipal “es por cuatro años, —dos, prorrogable otros dos— con un presupuesto de 148.131 euros para el primer año” —el presupuesto total por el que sale a licitación es de 15.635 euros, IVA excluido—. Asimismo, apuntó que durante este primer año el suministro previsto es de 24.600 comidas, “pero luego se va adaptando en función
de la demanda, que suele ir en
aumento”. Y es que son algo más de 70 usuarios los que tiene a diario este servicio de comida a domicilio, personas valoradas de dependencia o bien que, sin tener valoración, utilizan los servicios de ayuda a domicilio y/o teleasistencia, residentes tanto en la capital como en Revenga y en los barrios incorporados.
La Junta de Gobierno Local aprobó el expediente de contratación el 17 de marzo de este año y el anuncio para la licitación se publicó en el BOP del 4 de abril. Sin embargo, ante la solicitud de información sobre la subrogación de trabajadores, y teniendo en cuenta la trascendencia que para las empresas licitadoras puede tener el conocimiento de las obligaciones que asumen si consiguen este contrato, se procedió a paralizar temporalmente el procedimiento de contratación.
Se trata de que las empresas interesadas en realizar el servicio “dispongan de la información adecuada y puedan formular sus ofertas con la máxima garantía”, según el decreto de la alcaldesa publicado el mes pasado.
En el mismo documento se incluía la solicitud al servicio responsable del contrato para que realizara un informe que determinara la necesidad de la información solicitada en las cláusulas que regirán el contrato según el pliego para resolver el problema que se había planteado y, en su caso, proceder a la corrección, que es el trámite realizado esta semana.
