El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato se negó ayer a declarar ante el juez de instrucción de Madrid Antonio Serrano-Artal frente al que debía responder a las acusaciones formuladas por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) y la Fiscalía Anticorrupción que apuntan a que empleó un “complejo entramado societario” para cometer hasta cinco delitos fiscales, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.
El que fuera presidente del Fondo Monetario Internacional (FMI) no quiso responder a las preguntas del magistrado hasta conocer el contenido de un nuevo informe que preparó la ONIF tras analizar la documentación intervenida, según informaron fuentes jurídicas. La Fiscalía le atribuyó únicamente delitos fiscales y de blanqueo y descartó el alzamiento en este sentido.
Rato, que se mostró dispuesto a colaborar con la Justicia, volverá a comparecer cuando el citado informe esté terminado, según agregaron las mismas fuentes. El exministro de Economía ‘popular’ sólo permaneció 20 minutos en el Juzgado, que abandonó en coche. Llegó en su vehículo a las diez y media de la mañana y aparcó en el aparcamiento subterráneo del que disponen los funcionarios. La Jefatura Superior de Policía de Madrid informó al juez decano madrileño, Antonio Viejo, de que los riesgos asociados a la declaración del expresidente de Bankia hacían conveniente que accediera al edificio a través del parking.
Una decena de preferentistas, que le esperaban en la calle, mostraron su indignación por esta decisión que consideraron un “trato de favor”. Armados con pancartas, irrumpieron en insultos y gritos de “ladrón” poco después de su llegada. Un primer informe de la ONIF desencadenó hace tres meses una denuncia de la Fiscalía de Madrid ante los juzgados de guardia de Plaza Castilla y la detención durante ocho horas del que fuera presidente del Fondo Monetario Internacional (FMI) mientras agentes de Vigilancia Aduanera registraban su domicilio y su oficina en una céntrica calle del barrio Salamanca de Madrid.
En este plazo, el juez el que finalmente recayó la causa, Antonio Serrano-Artal y la Fiscalía Anticorrupción —a la que se encargó su tramitación— repasaron los cerca de 40.000 documentos incautados en la operación. Los indicios condujeron a que el Ministerio Público pudiera descartar la comisión por parte de Rato de un alzamiento de bienes. y a que ponga en duda el blanqueo de capitales. El juez señaló que ve “perfilado” el delito fiscal.
