El exvicepresidente del Gobierno y exdirector-gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Rato, ha quedado este martes en libertad tras declarar durante más de dos horas ante el juez de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, que ha decretado que debe comparecer una vez al mes en las dependencias judiciales y ha ordenado la retirada de su pasaporte, han informado fuentes jurídicas. Además, el juez ha citado a declarar a partir de mañana 16 personas en calidad de testigos.
El exministro de Economía ha comparecido ante el magistrado, que le investiga por la presunta comisión de delitos fiscales, de blanqueo de capitales y corrupción de particulares después de ser interrogado, la pasada semana, por la Guardia Civil durante más de cuatro horas.
Serrano-Arnal ha atendido la petición formulada por la Fiscalía Anticorrupción que ha reclamado como única medida cautelar las citadas comparecencias periódicas y la prohibición de abandonar el territorio de la UE. Queda así, en situación similar a la de su secretaria Teresa Arellano y el supuesto testaferro Miguel Ángel Montero que declararon ante el juez la pasada semana tras permanecer dos días en los calabozos del Instituto Armado. Ambos conservaron, no obstante, sus pasaportes.
Rato dispone ahora de cinco días para entregar el documento que le permitiría viajar al extranjero y podrá elegir cuando comparece ante el Juzgado, siempre que acuda una vez al mes, han confirmado las mismas fuentes.
La causa afecta, por el momento, a nueve imputados. Además de Rato, Arellano y Montero, el juez atribuye los mismos tres delitos a otro de sus presuntos testaferros, Alberto Portuondo, —el único que ha sido enviado a prisión— y su socio y abogado Domingo Plaza. Serrano-Arnal también mantiene la imputación sobre la directora general de Zenith, Candi Rodríguez, el consejero delegado de Publicis, Xabier Olazábal, así como dos directivos de ambas sociedades.
El juez continúa avanzando en la investigación a pesar de su evidente deseo por desembarazarse de ella. El pasado viernes, después de dejar en libertad a Arellano y Montero e imponerles comparecencias mensuales, dictó un auto en el que solicita al Supremo que decida sobre la competencia que, en su opinión, debería ser de la Audiencia Nacional.
