El exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia Rodrigo Rato comparecerá de nuevo este jueves ante el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, que le está investigando por el origen presuntamente ilícito de su fortuna familiar.
El magistrado Antonio Serrano-Arnal acordó citarle de nuevo a finales del pasado mes de febrero después de que la Audiencia Provincial de Madrid le ordenara la reapertura de la causa relativa al delito de blanqueo de capitales, que él mismo sobreseyó el pasado mes de mayo al considerar que el informe de la Guardia Civil en que se apoyaba la investigación carecía de “sustento básico”.
En dicho informe, la Unidad Central Operativa (UCO) atribuía a Rato posibles delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, cohecho y malversación de caudales públicos. Según el Instituto Armado, se aprovechó del proceso de privatización de empresas propiedad del Estado, como Endesa, Repsol o Telefónica, para “colocar” en los puestos de dirección a personas de confianza y obtener “sustanciosos contratos de publicidad”.
Influencia
Igualmente expuso que el que fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) se valió de su influencia en dichos nombramientos para luego obtener “sustanciosos contratos de publicidad” a través de la sociedad Cor Comunicación (creada con sus hermanos y cuyo control adquirió por completo en 2013) y otras derivadas también bajo su control como Muinmo o Emisoras Rato.
Pese al archivo provisional de esta parte de la instrucción, el juez expuso que los contratos se realizaron “con importes excesivos” y cifró en 71.902.822 euros la facturación provenientes de las empresas privatizadas durante su etapa en la vicepresidencia del gobierno.
El pasado mes de octubre, la Sección 23 de la Audiencia Provincial estimó parcialmente el recurso interpuesto por la Fiscalía Anticorrupción y ordenó al juez continuar con las diligencias de esta parte de la instrucción al entender que existen indicios suficientes de que “ha tenido sociedades domiciliadas en el extranjero utilizando como testaferros a sociedades fiduciarias, sin actividad social conocida”.
En su auto del 5 de octubre la Audiencia estableció, no obstante, que se mantuviera el sobreseimiento provisional por el delito de cohecho. En relación a este tipo delictivo, el juez Serrano-Arnal apuntó que, de haberse producido, estaría prescrito desde 2014, diez años después de su salida del Ejecutivo, por lo que no cabe investigación relativa a estos hechos.
Los magistrados de la Audiencia Provincial apuntaron que, dado el cargo que ostentó en el Ejecutivo, “es perfectamente creíble que su opinión fuera especialmente relevante para nombrar a dichos presidentes”, ahora bien, “afirmar que los nombramientos de tales presidentes tenían como finalidad facilitar el lucro ilícito de la familia Rato a través del cobro de comisiones o sobreprecios es una conclusión que no se sostiene”.
Falta de rigor
El expresidente de Bankia había remitido un escrito al magistrado instructor en el que arremetió contra la Fiscalía Anticorrupción por acoger las “disparatadas” conclusiones de la Guardia Civil sin hacer “la más mínima labor de contraste” y con una “absoluta falta de rigor”. Dijo además que la UCO había recurrido a unos hechos de hace más de 20 años para construir “de manera tergiversada y absolutamente contraria a la legalidad” unos indicios delictivos “carentes de una base táctica sólida”, lo que llevó a que la fiscal alcanzase una “conclusión absurda” del asunto.
Su letrado explicó entonces que no existe ninguna ley que prohíba a un alto cargo ser accionista de una empresa que contrate con la Administración, y por ese motivo no se puede considerar que los ingresos obtenidos por las sociedades participadas por Rato sean ilícitos, sino que se trataron de operaciones “absolutamente legales, reales y realizadas a precio de mercado”.
Además, de esta parte relativa al informe de la UCO, el que fuera vicepresidente del gobierno tiene abiertas más de una decena de piezas en el marco de la investigación sobre el origen de su fortuna. Se trata de la quinta citación para el exvicepresidente del Gobierno desde que comenzó la investigación de los hechos en el año 2015.
