El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato explicó ayer jueves ante el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, que “efectivamente” facturó a nombre de su sociedad Arada las cuantías obtenidas por la impartición de conferencias, si bien lo hizo de forma lícita, de acuerdo con la supresión del régimen de transparencia fiscal del año 2002.
En declaraciones a los medios a su salida de los juzgados de Plaza Castilla, el exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) aseguró que existen casos de personas que también han ostentado cargos “similares o mayores” y que a ellos no se les ha acusado por delitos fiscales, por lo que éste es un caso de “discriminación” hacia su persona.
También insistió ante el juez que investiga el presunto origen ilícito de su fortuna familiar que desde el año 2002 no existe transparencia fiscal en España y, por lo tanto, los profesionales pueden declarar los ingresos provenientes de sus actividades a través de sus sociedades.
El expresidente de Bankia declaró por espacio de una hora ante el juez en el marco de la pieza que investiga presuntas irregularidades en el cobro de conferencias que impartió para Bureau Consulting de Conferenciantes (BCC) durante el ejercicio 2012.
Se trata de una de las más de diez partes que integran la causa general y que el juez instructor ha reabierto después de que en marzo del pasado año la Audiencia Provincial de Madrid así lo ordenara al considerar que los hechos, que ocurrieron entre los años 2007 y 2014, no estaban prescritos.
El exvicepresidente del Ejecutivo también denunció ante el juez que, desde que se le detuvo en abril del año 2015, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) ha realizado hasta once informes sin conseguir llegar a redactar uno que sea definitivo, y que la deuda tributaria superior a los 8,5 millones de euros que se le atribuía en movimientos de divisas “ha quedado reducida a cero”.
“Se ha puesto de manifiesto que la acusación inicial en la denuncia (de Hacienda), que he calificado de falsa y que lo vuelvo a reiterar, de más de 8 millones y medio de euros de defraudación en movimientos de divisas, esa cifra ha quedado reducida a cero”, explicó el exbanquero a las puertas de los juzgados donde le aguardaban decenas de periodistas.
Facturación
Según apunta la Fiscalía Anticorrupción, Rato habría defraudado 672.329 euros en el IRPF del ejercicio de 2012 y 756.984 euros en el del siguiente año procedente, por un lado, de una entrada de divisas de más de un millón de euros, y por otro, de los servicios que prestó a Telefónica entre los años 2013 y 2015 y que, en lugar de tributarlos, declaró mediante facturación a su sociedad Kradonara. Así, de acuerdo con el informe de la ONIF que obra en el sumario de la causa desde enero del año pasado, la actividad de la sociedad Arada, fundada en 1982 y que registró sus ingresos más relevantes entre 2009 y 2012, facturó a BCC por la impartición de conferencias entre 2007 y 2014 cerca de un millón y medio de euros.
El documento apunta también que prestó servicios a Muinmo S.L y Kradonara y que Arada es más un centro de gasto que una sociedad propiamente dicha destinada a la obtención de lucro mercantil ya que contiene gastos no relacionados con sus ingresos.
En un principio, el magistrado Serrano Arnal había citado a Rodrigo Rato por la pieza de las conferencias y la relativa al presunto blanqueo de capitales cometido durante su etapa en el Ejecutivo, si bien anuló esta última tras el recurso presentado él mismo ante la Audiencia Provincial de Madrid solicitando el archivo y la suspensión de la citación.
Para este jueves también estaban llamados a declarar en calidad de investigados Pedro Díaz Martínez y Francisca Pilar Buján, ambos administradores de BCC.
